TC declaró infundada la demanda de minera Cerro Verde contra OEFA. Foto: Difusión
TC declaró infundada la demanda de minera Cerro Verde contra OEFA. Foto: Difusión

Fallo del TC a favor de OEFA ayuda a consolidar la fiscalización ambiental

La asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales asegura que es un gran avance para conseguir la consolidación de la fiscalización ambiental en el país.

La República
11 Sep 2019 | 6:00 h

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar infundada la demanda de minera Cerro Verde contra el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es un gran avance para conseguir la consolidación de la fiscalización ambiental en el país, afirma la asociación Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

“El fallo del TC fortalece el rol del Estado para que OEFA supervise y fiscalice las actividades de las empresas en el Perú y, además, defiende el derecho a la vida, la salud y a un ambiente sano de la población”, consideró Vanessa Cueto, vicepresidenta de DAR.

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El fallo del TC permitirá al OEFA desarrollar su labor, como las 7338 acciones relacionadas a las funciones de fiscalización y sanción ambiental que realizará este año, de las cuales 3139 corresponden a los sectores Energía y Minería.

Así también, le permitiría participar en 33 Mesas de Diálogo durante el presente año, que en su mayoría están asociadas a problemas de contaminación ambiental derivados de las actividades de los sectores Energía y Minería.

Según OEFA, un fallo adverso del TC para sus intereses hubiera reducido en un 74% su presupuesto, disminuyendo drásticamente su capacidad de fiscalizar y controlar en muchos casos el riesgo o daño que podría generarse en el desarrollo de las actividades de minería y energía.

El OEFA es el organismo estatal y regulador social con facultades de evaluación, supervisión y fiscalización ambiental, que vela para que las inversiones se realicen respetando la normativa ambiental y se reduzca la contaminación.

El Aporte Por Regulación (APR) sirve al OEFA para financiar el ejercicio de la fiscalización ambiental evaluación, supervisión, fiscalización y sanción relacionadas a las actividades de minería y energía.

“Además, permite proteger el derecho al ambiente sano y equilibrado de las personas mediante la aplicación de principios de la Ley General del Ambiente como el de precaución y prevención”, comentó Cueto.

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