Piden 9 años de cárcel para cinco exfuncionarios de UNJ

La República
14 Aug. 2019 | 13:47h

Cajamarca. La Corte Superior de Justicia de Lambayeque (CSJL) ordenó el inicio de un juicio oral contra exintegrantes de la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Jaén (UNJ), como presuntos autores de los delitos de colusión agravada y uso de documento público falso.

La decisión judicial es en mérito al requimiento acusatorio presentado por el fiscal anticorrupción de Lambayeque, Julio Taboada Ramón.

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Acusación fiscal

Entre los acusados están Edwin Agustín Vegas Gallo (expresidente), Guillermo Burga Mostacero (ex vicepresidente administrativo), Roger Eduardo Ganoza Florian (exjefe de Administración y presidente de comité de selección), Alan Paúl Alcalde Chumán (exjefe de Logística y miembro titular del comité de selección) y Luis Alberto Guevara Dávila (miembro titular del comité de selección).

A ellos la Fiscalía les atribuye el delito de colusión agravada, por lo que ha solicitado 9 años de cárcel efectiva.

De acuerdo al requerimiento acusatorio, los cinco exfuncionarios concertaron indebidamente con Wilmer Lozada Dávila, representante legal de la Empresa de Seguridad y Vigilancia Centinelas del Norte (Esvicenor) S.R.L., para favorecer a la citada empresa en la obtención de la buena pro de la adjudicación directa selectiva n.° 01-2014-UNJ, denominada “Servicio de seguridad y vigilancia de local académico y administrativo de la Universidad Nacional de Jaén”.

En la audiencia de control de acusación, el fiscal Taboada adjuntó diversos elementos de prueba con los cuales intentará demostrar en el proceso judicial que los exintegrantes de la Comisión Organizadora y el Comité de Selección aprobaron el expediente de contratación de servicios con Esvicenor, sin contar con la disponibilidad presupuestal conforme a lo exigido por Ley.

Es decir, la Fiscalía habría acreditado que los funcionarios siguieron con la licitación durante el desarrollo de dicho proceso de selección, otorgamiento de la buena pro y la contratación respectiva.

Durante la exposición de pruebas la Fiscalía expuso que se determinó que los miembros del comité especial admitieron, evaluaron y calificaron la propuesta técnica y económica presentada por el postor ganador de la buena pro. Esta situación, pese a que la propuesta técnica no cumplía con determinados requerimientos técnicos mínimos y su propuesta económica era por un importe mayor al límite superior del valor referencial sin IGV.

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Por estos hechos, también se ha solicitado 11 años de cárcel contra el representante legal de Centinelas del Norte, Wilmer Lozada Dávila, por los delitos de colusión agravada y uso de documento público falso en el proceso de licitación.