85 inhabilitados en Puno y Cusco por Contraloría

SANCIONES. Se comprobó que cometieron infracciones graves o muy graves. En región imperial la mayoría laboraban en Gobierno Regional y municipios de Echarati y Santa Teresa. En el Altiplano el grueso trabajaba en las comunas de San Román y Amantani.

SANCIONES. Se comprobó que cometieron infracciones graves o muy graves. En región imperial la mayoría laboraban en Gobierno Regional y municipios de Echarati y Santa Teresa. En el Altiplano el grueso trabajaba en las comunas de San Román y Amantani.

Entre enero a julio de 2018, la Contraloría General de la República ha sancionado a 1,031 funcionarios y servidores del país, según el registro de sanciones publicado en la página web de la entidad. De estos, en las regiones de Cusco y Puno, 85 fueron los amonestados por infringir las normas (ver infografía).

El grueso tiene sanciones de inhabilitación; pocos han sido suspendidos temporalmente.

¿Por qué se sanciona a un funcionario?

Por incumplir el marco legal aplicable a las entidades, trasgredir los principios, deberes y prohibiciones establecidas en las normas de ética y probidad de la función pública, realizar actos que persiguen finalidades prohibidas y por haber incurrido en un desempeño funcional negligente o para fines distintos al interés público.

Las amonestaciones

En Cusco el mayor número de sanciones corresponde a personas que laboraron en el Gobierno Regional y la Municipalidad Distrital de Echarati, provincia de La Convención. Curiosamente, ambos gobiernos manejaron en los últimos años el mayor volumen del presupuesto.

Cada año la región administra en promedio 1 800 millones de soles, mientras que Echarati manejó hasta el año pasado alrededor de 1 000 millones de soles por año. Desde 2017 recibe menos porque se creó el distrito de Megantoni, que ahora concentra las mayores transferencias del canon gasífero.

Asimismo, hay otros servidores sancionados que incurrieron en faltas cuando laboraban en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones y la Municipalidad Distrital de Santa Teresa (La Convención).

Sin embargo, a veces las sanciones que impone la Contraloría suelen ser leves y en muchos casos archivan los procesos administrativos. “Este año han habido lamentablemente muchos archivos de procesos administrativos disciplinarios, no hay una cultura de sanción a quien comete una falta, una irregularidad en un gobierno regional o en municipio”, refirió el abogado Eduardo Vega Luna.

Puede servir de ejemplo de la falta de severidad el caso del exgerente general del Comité de Servicios Integrales, Turístico-Culturales del Cusco (Cosituc), Mauro Orlando Olivera Enríquez. El 21 de diciembre de 2017 fue inhabilitado por 2 años. Es decir, podría volver a trabajar para el Estado el 21 de diciembre del 2019.

Sin embargo, Olivera Enríquez está fugado de la justicia porque fue condenado a cinco años de prisión efectiva por la compra sobrevaluada de un inmueble para el local de Cosituc. Es decir, la sanción penal fue más dura que la administrativa.

Mientras tanto, en Puno, la mayoría de sancionados trabajaron en la Municipalidad Provincial de San Román y la Municipalidad Distrital de Amantani. De los 36 sancionados, 18 trabajaron en ambas comunas puneñas.

Luego hay casos en la Municipalidad Provincial de Huancané, de Lampa y en la Empresa Municipal de Saneamiento Básico Puno. 

Registro de inhabilitados por Contraloría

Cuando ocurre algún hecho irregular en el manejo de los recursos del Estado o en el desarrollo de procesos en las entidades del Estado, hay servidores y funcionarios responsables. La actuación de un trabajador en un hecho cuestionado acarrea responsabilidades penales y administrativas.

Lo penal recae en manos del Ministerio Público y Poder Judicial, mientras que lo administrativo y funcional llega a la Contraloría General de la República.

Las faltas sancionables están tipificadas y previstas en el Reglamento de Infracciones y Sanciones.

Luego de un proceso regular, la Contraloría emite sanciones que son publicadas en el registro de sanciones por responsabilidad administrativa funcional. En esa lista aparecen funcionarios o servidores que merecieron una sanción por infracción grave o muy grave y que fueron probados por el Órgano Sancionador o por el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas.

Inhabilitados

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