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Política

Investigaciones al entorno de Pedro Castillo son remitidas al nuevo Equipo Especial de la Fiscalía

Un total de 7 carpetas fueron enviadas al Equipo Especial de la Fiscalía contra la Corrupción del Poder, liderado por la fiscal superior Marita Barreto Rivera.

Este es el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder. Foto: Ministerio Público.
Este es el Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder. Foto: Ministerio Público.

Siete carpetas fiscales que contienen las investigaciones al entorno del presidente Pedro Castillo fueron remitidas este viernes 15 de julio al reciente Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder.

Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios y de Lavado de Activos enviaron todo lo recabado en las diligencias realizadas contra exfuncionarios del actual Gobierno y familiares del mandatario al grupo que es liderado por la fiscal superior Marita Barreto Rivera.

De acuerdo con el Ministerio Público, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder asumirá las investigaciones de los casos Provías Descentralizado y Petroperú. Además, seguirá con las indagaciones sobre la existencia de una presunta organización criminal que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Del mismo modo, actuará respecto a las supuestas presiones ejercidas por el exsecretario Bruno Pacheco al jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) para favorecer a empresas endeudadas.

Además, el nuevo grupo de fiscales continuará con las diligencias por el presunto delito tráfico de influencias que habrían cometido los familiares del presidente Pedro Castillo.

Lo que se busca con esta convergencia es lograr un trabajo fiscal más ordenado, especializado y célere en las investigaciones al entorno del mandatario.

El nuevo equipo especial se dedicará de manera exclusiva a los casos de corrupción de altos funcionarios, criminalidad organizada, tráfico ilícito de drogas, lavado de activos y relacionados cometidos en el ejercicio del poder por elección popular o designación, tal como ordenó la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas.

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