El conflicto social más fácil del Perú aún no se resuelve

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24 Sep 2012 | 21:33 h

Ricardo Uceda.
INFOS


Por donde se le mire, la reclamación de los trabajadores de la Defensoría del Pueblo no es importante comparada con miles de demandas de sectores sociales muy postergados en el Perú. Pero en un sentido es única: tiene todos los ingredientes para ser resuelta y no lo es. Es un estudio de caso para apreciar la forma en que no se resuelven los conflictos sociales en el país.

La demanda consiste en la actualización de la escala remunerativa de la Defensoría del Pueblo, que ya fue autorizada por la Ley de Presupuesto del Sector Público para el 2012. La costearía con sus propios fondos institucionales, sin pedir más dinero al Tesoro.  El Congreso lo aprobó así, considerando que tenía un retraso de quince años, y que los trabajadores afectados –son solo 222– eran de los peor remunerados entre los organismos autónomos del Estado.

Por ejemplo, uno de los cuatro conserjes que tiene la Defensoría en todo el país gana 1.000 soles, contra los 1.900 que percibe uno del Reniec. Los de la Contraloría están mucho mejor pagados: 3.250 soles mensuales.

La mayoría de los afectados de entre los reclamantes son 139 profesionales y técnicos. Un abogado principiante gana 2.100 soles y en la Contraloría percibiría 9.000. Un sueldazo en la Defensoría es el de Jefe de Área, con 5.000 soles. 13.000 soles gana un primer adjunto, el puesto inmediatamente inferior al del Defensor, Eduardo Vega, cuyo sueldo es de 15.600. Obviamente, es el peor pagado de sus pares, los mandamases de la Contraloría, Tribunal Constitucional, Reniec, Consejo Nacional de la Magistratura, Servir.  Pero en su caso, la actualización de la escala apenas lo beneficia.

CAPITAL HUMANO

Estas remuneraciones, hasta no hace mucho, eran percibidas por funcionarios que han pasado a puestos de mayor responsabilidad en el Estado. Al mencionarlos, salta a la vista el valioso capital humano profesional de la Defensoría. Wilfredo Pedraza, actual ministro del Interior, fue director del programa de Asuntos Penales y Penitenciarios. Vladimiro Huaroc,  jefe de la Oficina de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dirigió la oficina defensorial en Huancayo. Igualmente vienen de la institución Iván Lanegra, viceministro de Medio Ambiente; José Ávila, viceministro de Derechos Humanos del Minjus; Marco Barboza, secretario del Consejo de Ministros; Susana Silva, secretaria ejecutiva de la Comisión Anticorrupción. La lista es más larga y no incluye a profesionales que emigraron hacia el sector privado.

Después de la aprobación del presupuesto, a fines del año pasado, el Defensor del Pueblo inició gestiones ante el MEF para concretar los aumentos. El MEF debe autorizarlos, verificando que concuerden con innumerables requisitos normativos. Todo lo cual concluyó el pasado mes de julio, con una carta dirigida por la secretaria general del MEF, Kitty Trinidad, al secretario del Consejo de Ministros, precisamente el ex comisionado de la Defensoría Marco Barboza. El documento remitía el correspondiente proyecto de decreto supremo con la rúbrica del ministro Luis Castilla.

Solo faltaba, entonces, la firma del presidente. Pero el trámite se atascó en esta instancia. No tendría por qué haber ocurrido así, porque si alguien puede dar fe del trabajo de la Defensoría, ese sería nada menos que Ollanta Humala.

UN POCO DE HISTORIA

En octubre del 2000, cuando Ollanta Humala se levantó en Locumba, el Defensor del Pueblo de entonces, Jorge Santistevan de Noriega, se preocupó personalmente de la integridad física del insurrecto, viajando con Nadine Heredia a  Moquegua y Arequipa para entrevistarse con él y con autoridades militares. Luego de que Fujimori hubiera caído y con Humala fuera del Ejército, el entonces presidente provisional Valentín Paniagua solicitó a la Defensoría preparar una ley  de amnistía y otras normas que permitieran librarlo de cargos y reincorporarlo a la vida militar. En ese momento dirigía la institución Walter Albán, actual embajador del Perú en la OEA.

El encargo se cumplió de manera eficaz para el caso de Ollanta, quien iba continuamente a las oficinas de  la Defensoría en el jirón Junín. Pero no se pudo hacer nada por su hermano Antauro, quien ya estaba fuera del Ejército cuando se produjo el levantamiento. Un oficial del ministerio de Defensa que dialogaba con el encargado del caso  en la Defensoría lo llevó a un aparte y le dijo:

—En realidad no lo queremos por fumón.

Cuando Humala ya estuvo repuesto, pidió y obtuvo que la Defensoría estuviera atenta a las hostilizaciones de las que según él y su esposa Nadine era objeto dentro del Ejército. Humala podía llamar desde Corea a la Defensoría para informar al respecto. La situación se complicó luego del Andahuaylazo, dirigido por Antauro, que produjo la muerte de cinco policías  el 1 de enero del 2005. Inicialmente Ollanta no estaba comprendido en el proceso –era testigo– pero hacia el final de la etapa de instrucción, cuando el fiscal y el juez estaban a punto de rendir sus respectivos informes a la sala, Antauro dijo que su hermano era corresponsable, e introdujo la transcripción del audio en el que Ollanta le da apoyo político. El juez y el fiscal, sin investigar ni tomarle declaración, ante el vencimiento de los plazos, lo incluyeron en la acusación.

Ollanta Humala presentó un recurso de hábeas corpus para que se lo excluyera del juicio. Lo ganó en primera instancia y fue a solicitarle a la entonces Defensora, Beatriz Merino, que apoyara su recurso con una opinión jurídica ante el Poder Judicial. Un amicus curiae. Merino lo apoyó de otra manera: objetando ante la sala que no se le hubiera respetado su derecho constitucional a la defensa.

¿Quién mejor entonces, que Humala para mostrar sensibilidad ante los reclamos de los trabajadores de la Defensoría?

DOS CARTAS INÚTILES

El 19 de julio, el Defensor del Pueblo le envió una carta al presidente para hacerle saber del estado del trámite. Era una formalidad: le indicaba que la actualización de la escala remunerativa ya había sido aprobada por el MEF, que esperaba su firma, y que, aparte de ser de justicia, todo estaba en orden. Transcurrió un mes sin noticias favorables, y eso que los contactos entre la PCM y la Defensoría son fluidos.

Cuarenta días después, Eduardo Vega envió otra carta a Humala. Esta vez, junto con referir nuevamente los antecedentes de la situación, añadió que se permitía la reiteración en la certeza de que no existen obstáculos legales, ni técnicos, ni presupuestales, para aprobar la nueva escala.

¿Cuál era la dificultad entonces?

Una explicación posible es que la cantidad de problemas que tienen que resolver la PCM y el presidente Humala y su esposa Nadine Heredia es tan abrumadora, que no pueden dedicar un minuto a considerar el visto bueno de un decreto supremo al que no le falta nada para ser aprobado. Pero siendo cierta esta carga agobiante de responsabilidades, la persistencia del retraso hace indispensable buscar otro motivo.

Y la otra razón existe: la disconformidad del Ejecutivo con la forma en que la Defensoría del Pueblo contabiliza los conflictos sociales.

DOS MEDICIONES

En el monitoreo de los conflictos sociales la Defensoría del Pueblo registra una cantidad apreciablemente mayor que la PCM, que tiende a constreñirse a  los que tienen que ver con la gestión del Ejecutivo. Por otra parte, la Defensoría, sigue considerando conflictos activos aquellos que, habiendo alcanzado una crisis, o parte de su demanda, continúan en proceso de diálogo.  A lo que añade los conflictos denominados latentes.

Así, en agosto, la Defensoría reportó 167 conflictos sociales activos y 76 latentes, lo que hace un total de 243. Para la PCM, en cambio, los conflictos de competencia del gobierno nacional no son más de 70. El Premier Juan Jiménez ha dicho públicamente que está trabajando con la Defensoría para unificar la metodología. En primer término la PCM está interesada en que deje de considerar conflictos activos aquellos que ya se encuentran en proceso de diálogo.

Por ejemplo, de los 167 que la Defensoría contabilizó en agosto, 86 de ellos –más de la mitad– se encuentran en algún tipo de diálogo. ¿Son activos o no? Para la PCM no, aparte de que bajar los números le resulta políticamente rentable. La Defensoría, en cambio, considera que un proceso de negociaciones no indica que ha desaparecido el enfrentamiento. A veces una crisis vuelve a estallar con más fuerza cuando las conversaciones fracasaron.

Por otra parte, los procesos de diálogo son largos. Uno reconocidamente exitoso, el de Quellaveco, en Moquegua, demoró año y medio para dejar de ser considerado un conflicto social. De modo que si la Defensoría no cambia su metodología, y dado que esta es reconocida como válida por tirios y troyanos,  la PCM tendrá que seguir lidiando con la imagen de un alto número de conflictos. El debate no es nuevo y es posible que la Defensoría deba modificar algunos criterios, ¿pero los sueldos de sus trabajadores tendrían  que esperar el término de la controversia? 

Durante las tratativas para que sea aprobada la nueva escala salarial, el Ejecutivo le ha hecho saber de distintas maneras a la Defensoría que apreciaría un cambio de su conflictómetro. Nunca a modo de intercambio, pero el mensaje ha llegado. Si se convierte en exigencia y la Defensoría no hace el favor político, es un hecho que la reclamación tendrá que esperar hasta el próximo año, previa inclusión, otra vez, en la nueva Ley de Presupuesto.

LA TORTA ASUSTADA

El joven sindicato de la Defensoría del Pueblo, dirigido por un comisionado del Callao, Gilmer de la Peña, se ha dado cuenta de que debe empezar a presionar como el resto de gremios, y por primera vez en su historia –fue fundado en 2004– decidió hacer un plantón. Hasta ahora el sindicato estuvo orientado principalmente a mejorar el diálogo entre quienes trabajan y sus autoridades. Como mucho facilitó la solución de algunos casos individuales.

—Tenemos tantos mecanismos de diálogo, somos tan pocos, nos conocemos tanto, que no hacemos medidas de fuerza –dice la abogada María Isabel León, secretaria de Organización.

Pero el 11 de septiembre, el día del 16° Aniversario de la Defensoría del Pueblo, realizaron un plantón en los exteriores de su sede, alrededor de una torta de cumpleaños.

Por la tarde el Defensor del Pueblo fue recibido por el Premier. De acuerdo con lo trascendido, Jiménez ofreció “ver”, el problema. La semana pasada, el sindicato anunció que empezarán a salir a las calles todos los días a pedir que se les preste atención, de 5:30 a 6:30 PM, para no interrumpir su atención al público. Y muy probablemente el próximo reporte de conflictos, que aparece en octubre, incluya el suyo propio.

—Es el conflicto social más fácil del país—dice León. La frase tiene sentido.

Lo que no se sabe es quién bloquea la solución: ¿Jiménez? ¿Nadine? ¿Humala?