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Abogada de Keiko Fujimori pide que audiencia de prisión preventiva sea presencial

A un día de que se realice la sesión, Giuliana Loza hizo este pedido excepcional al Poder Judicial, pese a que el país continúa sufriendo las consecuencias de la COVID-19.

Keiko Fujimori postula por tercera vez a la presidencia. Foto: John Reyes/La República
Keiko Fujimori postula por tercera vez a la presidencia. Foto: John Reyes/La República
Política LR

La abogada de la candidata Keiko Fujimori, Giulliana Loza, solicitó este domingo 20 de junio al Poder Judicial que la audiencia del pedido de prisión preventiva en contra de la lideresa de Fuerza Popular se realice de forma presencial y no virtual, pese a que el Perú aún sigue sufriendo las consecuencias de la COVID-19.

La solicitud de la defensa de la excongresista fujimorista se realiza en la víspera de que se lleve a cabo la sesión, programada para el lunes 21 de junio.

“Si bien nos encontramos en estado de emergencia nacional a consecuencia del coronavirus, es importante garantizar el ejercicio pleno y eficaz de la defensa, más aún, cuando se encuentra en debate la restricción de un derecho fundamental como es la libertad de mi patrocinada”, indica en el expediente enviado al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional y difundido en sus redes sociales.

Solicitamos que se autorice de manera excepcional a participar en la audiencia convocada por su despacho para este 21 de junio a las 3.00 p. m. de manera presencial”, agrega.

Solicitud de Giuliana Loza. Foto: difusión

¿De qué se le acusa a Keiko Fujimori?

El fiscal José Domingo Pérez, integrante del Equipo Lava Jato, pidió al Poder Judicial revocar la orden de comparecencia restringida en contra de la candidata y que se imponga prisión preventiva por haberse comunicado con testigos vinculados al caso de los presuntos aportes ilícitos a sus campañas 2011 y 2016.

A Keiko Fujimori se le sigue una investigación por el presunto delito de lavado de activo agravado, por organización criminal y obstrucción de la justicia. Se pide 30 años y 10 meses de prisión.

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