El Informante: Volviendo a Toledo, por Ricardo Uceda

El Ministerio Público ha presentado la acusación contra el exmandatario Alejandro Toledo por haber recibido sobornos para la construcción de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur. Los episodios en los que se fundan los cargos ya se conocen. Los detalles fueron proporcionados principalmente por Odebrecht, que pactó con él un pago de US$ 35 millones, y por Josef Maiman, el mediador para los depósitos. Para facilitar su extradición de los Estados Unidos es pertinente que el Poder Judicial peruano realice el control de la acusación, una fase intermedia previa al juicio oral. Aún no será posible, porque el juez Richard Concepción pidió al fiscal José Domingo Pérez esclarecer la situación de las empresas consorciadas con Odebrecht. ¿Están o no imputadas?

La parte de Toledo

Lo más destacado es la contundencia de las pruebas contra Toledo. Por una parte, están corroborados los encuentros en Lima y Brasil entre los ejecutivos de Odebrecht y el expresidente, uno del 4 de noviembre del 2004 en el hotel Marriott de Río de Janeiro, donde se pactó la cifra. El primer contacto se había producido en agosto de ese año, cuando Marcelo Odebrecht y el gerente en el Perú de la empresa, Jorge Barata, visitaron a Toledo en Palacio de Gobierno. Entonces, en un aparte, el jefe de seguridad presidencial, Avi Danon, le dijo a Barata que podrían ganar la licitación de la Interoceánica a cambio de dinero. Luego Toledo le consultó a su amigo, el empresario israelí Josef Maiman, si recibiría un pago de Odebrecht para él. En Brasil Maiman confirmó esta disposición y entregó después a los brasileños las cuentas en las que se harían los depósitos.

Toledo asumió tres compromisos: Odebrecht ganaría la licitación, las fechas del proceso no se postergarían y las bases serían cambiadas para evitar la competencia de otras compañías. Pero en ese momento los procedimientos para lanzar la gran obra ni siquiera habían comenzado. ¿Cómo se hacían planes en el aire?

La parte de los otros

Fue el abogado de Toledo, Roberto Su, quien en uno de los interrogatorios le preguntó a Barata sobre la rareza de acordar un cambio de bases que aún no existían, o inmovilizar plazos de un concurso que no estaba convocado. Barata respondió que ellos ya sabían, por anticipado, cómo se diseñarían esos documentos.

En el segundo semestre del 2004, Alejandro Toledo convocó a los funcionarios públicos responsables de elaborar los estudios técnicos para que fueran entregados en el más breve plazo. Entre otros, estuvieron el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Ortiz, el viceministro Néstor Palacios, el director ejecutivo de ProInversión, René Cornejo. Odebrecht pretendía rapidez en la convocatoria y rigidez en los plazos porque sus competidores no podrían presentar una propuesta consistente en poco tiempo. Así, a comienzos del 2005 la licitación, a cargo de ProInversión, ya estaba en marcha. En este organismo hay un Consejo Directivo, integrado por ministros, que aprueba pautas generales, y un Comité de Proyectos de Infraestructura, que estuvo a cargo del concurso. La pretensión del Ministerio Público es que los miembros de ambas instancias pactaron beneficios con Odebrecht a cambio de entregarle la obra.

Procesos paralelos

La acusación señala una serie de hechos adicionales al pacto que hizo Toledo y que habrían favorecido a la empresa brasileña desde el concurso hasta el inicio de la obra: la premura en el estudio de factibilidad, la inclusión del proyecto en la cartera de ProInversión sin un estudio técnico, la marginación del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), medidas obstruccionistas contra otras empresas, la desestimación de observaciones de la Contraloría General de la República, la emisión de adendas cuestionables con contrato de concesión. Estas supuestas irregularidades no habrían sido responsabilidad única de Toledo. Cómplices: ministros y ejecutivos estatales.

En esta lógica, el fiscal José Domingo Pérez ha animado dos procesos por los mismos hechos contra dos grupos de funcionarios. Por una parte, los ministros del Consejo Directivo de ProInversión junto con autoridades de los sectores involucrados, entre los cuales destaca Pedro Pablo Kuczynski. Por otra, los miembros del Comité de Infraestructura de la agencia estatal, que condujeron la licitación: Sergio Bravo y Alberto Pascó-Font. Había un tercer miembro imputado, Patrick Barclay, que falleció. En suma, una constelación de funcionarios públicos no incriminados por los delatores. Pero su componenda con Odebrecht −cutra si se prefiere− no está detallada en cada caso.

Contradicciones

Es posible que Toledo no haya actuado solo, pero la debilidad de las restantes imputaciones del Ministerio Público es la falta de pruebas. La larga lista de irregularidades administrativas del proceso está bajo discusión. Huellas del pacto de Odebrecht con los funcionarios públicos brillan por su ausencia. La colusión, como se sabe, es el acuerdo doloso entre dos partes para defraudar el Estado. Los delatores premiados del Ministerio Público, Josef Maiman y los directivos de Odebrecht, no han señalado a otra contraparte delictiva que no sea el expresidente.

Aparentemente el fiscal Pérez, a partir de las sólidas pruebas contra el acusado principal, salió a pescar para ver qué otro pez atrapa su anzuelo. Encima ha pedido prisión preventiva para Bravo y Pascó-Font, al mismo tiempo que excluye de la acusación a quienes estos personajes blanquean. El juez del control de acusación, Richard Concepción, ha devuelto la acusación hasta que el Ministerio Público precise la responsabilidad de tres constructoras nacionales −G&M, JJ Camet e ICCGSA− que podrían tener responsabilidad como institución, independientemente de la que se atribuye a sus ejecutivos.

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