Acuerdo de Gobernabilidad para la reforma

La primera respuesta a la dispersión de los votos del 26 de enero pasado ha venido de cuatro de los nueve partidos que estarán presentes en el Congreso. Acción Popular, Alianza para el Progreso, Somos Perú y Podemos han suscrito un Acuerdo de Gobernabilidad que de modo escueto menciona ocho temas en los que incidirá su trabajo en el nuevo Parlamento.

El acuerdo es ni mucho ni poco, al mismo tiempo; es una señal lograda en base a la imperiosa necesidad de alcanzar una mayoría en el Congreso, aunque pudo tener el trámite de un arreglo más pragmático, como los que sin mediar razones de principios permitían a los partidos en los anteriores parlamentos ganar la mesa directiva.

Como antecedentes de pacto expreso se tienen pocos, como el Acuerdo de Gobernabilidad suscrito en noviembre del año 1999 por 14 partidos en el Hotel Bolívar, bajo el impulso de Gustavo Mohme Llona, en los meses previos a la batalla contra la reelección de Fujimori, que galvanizó a la oposición para lanzarla a las calles en los siguientes meses.

También el que firmó Perú Posible y el FIM el 2001, que le permitió a Toledo ejercer la mayoría parlamentaria; y el Acuerdo Nacional de julio de 2002, con un mayor horizonte. En la contabilidad cabe el acuerdo tácito entre el Apra y el fujimorismo durante el segundo gobierno de García.

Más allá del origen de la palabra, un acuerdo de gobernabilidad es una buena noticia, especialmente en este caso, por los cuatro atributos que proyecta: un pacto, expreso, sobre la mesa, y para el cambio. Además, tiene un sentido particularmente contrario a los pactos bajo la mesa que se ensayaron en el período 2016-2019 en el Congreso para impedir las reformas.

Este esfuerzo se acreditará en la práctica y sobre un terreno desafiante; se registra cuando por otro lado se viven los primeros momentos de un proceso electoral llamado a ser largo y agitado considerando que las elecciones del 26 de enero no han resuelto muchos pendientes, como el liderazgo de la política. El Congreso operará un pacto en base a partidos que tendrán que diferenciarse de cara a las elecciones del año 2021. Este cuadro complejo expone una cuota de responsabilidad de esos partidos en esta hora.

Conviene detenerse en la gobernabilidad que requiere el país luego de la disolución del Congreso y a pocos meses de las elecciones de abril del 2021. Esta gobernabilidad se refiere a una transición que tiene dos cuestiones impostergables, la política y social y no está asociada a la estabilidad entendida como “no se toque nada” o alguna operación para calmar las aguas, sino a la reforma.

Los ocho temas que componen el acuerdo de los cuatro partidos demandan apertura a otras fuerzas políticas y audacia. Sobre los aspectos electorales se requieren rápidos cambios legales que permitan que la reforma rija en las elecciones del 2021, y en lo estrictamente político reclama un acuerdo vasto para reinstalar el senado, eliminar el voto preferencial y garantizar la paridad y alternancia. Ya sobre el caballo, los partidos que dirigirán el Congreso deberán entender que si desoyen la demanda de reforma política o pretenden canjearla por otras reformas igualmente importantes pero menos cruciales, no les irá bien en las próximas elecciones. Estamos en un punto en que, mirando el proceso 2016-2019, no hacer las reformas equivale a oponerse a ellas.