Regalo electoral

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha resuelto no aplicar a las elecciones del 26 de enero el mandato de la ley que dispone la cancelación de la inscripción de los partidos políticos que no alcancen al menos siete representantes al Legislativo en más de una circunscripción electoral, o al menos 5% de los votos válidos en todo el país.

El argumento del Jurado es endeble; afirma que esta decisión se debe a que se trata de un proceso “extraordinario” y no de una elección general como establece esta norma, citando para el efecto el artículo 20º de la Ley Orgánica de Elecciones, la misma que si bien norma la distribución de escaños no especifica la diferencia entre un proceso ordinario y uno extraordinario.

En ese sentido, el JNE discrimina donde la ley no discrimina y no señala qué parte de la expresión de la voluntad electoral será “extraordinaria”.

El segundo argumento del Jurado, aún más capcioso, es que la decisión ha sido adoptada “en aras de brindar transparencia y mayor seguridad al proceso electoral”. Esta explicación permite colegir que si se aplicaba la valla a las elecciones del 26 de enero, es decir, lo que dispone la ley, habría el riesgo de que los comicios se mancharan o pierdan seguridad. Tamaña digresión, sobre que la aplicación de la ley puede generar inseguridad, es inaudita.

Saltarse la ley con el argumento de lo extraordinario no es nuevo en este proceso electoral. En noviembre pasado, el JNE resolvió que los miembros del Congreso disuelto el 30 de setiembre puedan postular a la reelección el 26 de enero próximo bajo el supuesto de que el artículo 90-A de la Constitución solo se aplica a los procesos “extraordinarios”, incumpliendo la voluntad popular expresada en el referéndum del 9 de diciembre del 2018.

La verdad, por los efectos que producirá esta decisión, parece ser otra. El JNE no puede ignorar que los principales beneficiados son algunos de los partidos del Congreso disuelto u otros que precisamente se opusieron a la renovación del mandato parlamentario. Las escuetas explicaciones del JNE y la precariedad de las mismas abonan en esa dirección.

Es lamentable que el máximo organismo en materia de justicia electoral abandone el espíritu de la reforma electoral que el equipo anterior del JNE asumió con denuedo. Esta decisión complicará las próximas elecciones. Y cuando en ese momento se presente una cantidad abrumadora de partidos, recordaremos esta decisión, aunque la mayoría de los miembros del Jurado habrá terminado sus funciones. El problema será para los peruanos.