El retorno

Como en los tiempos de Fujimori y Montesinos, la prensa es objeto nuevamente de una campaña de difamación con oscuro financiamiento e inspiración, y en la que solo emergen sus difusores.

Un grupo denominado “Coordinadora Republicana” fundado hace meses con la participación de algunas decenas de opositores al Gobierno, entre ellos autoridades de universidades investigadas, abogados de acusados de corrupción y líderes de grupos ultrarreligiosos, ha devenido en una maquinaria difamadora, difundiendo videos producidos ex profesamente para desprestigiar a quienes han desempeñado en los últimos meses una actividad pública contra la corrupción o denunciando abusos en grupos radicales y conservadores católicos y evangélicos.

El método usado es similar al que puso en marcha la prensa chicha comprada por Fujimori y Montesinos en los años noventa contra sus adversarios: un medio se hace eco de una supuesta información y lo reproduce dándole obviamente visos de seriedad y verdad, llamando a que se difundan y acaso viralicen en las redes sociales.

Esta suerte de prensa chicha digital ha producido sus primeros cuatro videos, tres de los cuales están dirigidos contra periodistas, una de ellas de esta casa editora. La producción de estas piezas es profesional y es igualmente innegable que es financiada por una fuente anónima interesada en frenar denuncias e investigaciones.

Su narrativa no es extraña y coincide mucho con los argumentos de la mayoría parlamentaria del Congreso disuelto; les atribuyen a los periodistas un poder político que no tienen, e inventan conexiones secretas y un espíritu conspirador que conduce a la afirmación afiebrada de que son ellos los que realmente gobiernan. No es coincidencia que los videos tengan como un relato trasversal que el problema del Perú no es la corrupción sino la intromisión de la prensa en asuntos que no son de su competencia.

Esta campaña no es aislada; en los últimos meses se han intensificado los actos hostiles contra la prensa, las ONG y políticos que denuncian a la corrupción, por parte de grupos autodenominados resistentes que realizan demostraciones y ataques verbales públicos. Algunas veces lo han hecho frente a la sede de este diario y otras en la sede de la IDL, o en la Fiscalía o los juzgados, en estos casos a favor de los magistrados acusados de pertenecer al grupo criminal ‘Los Cuellos Blancos’.

En un sistema democrático, la discrepancia debe ser encarada con métodos transparentes y legales. No deben retornar los tiempos de la prensa comprada por la corrupción.