SIP: Congreso intentó afectar la libertad de expresión

La Sociedad Interamericana de Prensa denunció en su asamblea las agresiones ocasionadas por las iniciativas legislativas del Parlamento del Perú en contra de este derecho.

La SIP reiteró en un nuevo informe que el Congreso es la principal fuente de agresión a la libertad de expresión. Foto: La República.
La SIP reiteró en un nuevo informe que el Congreso es la principal fuente de agresión a la libertad de expresión. Foto: La República.
Política LR

El disuelto Congreso de la República del Perú intentó afectar la libertad de expresión a través de proyectos de ley en distintos aspectos, denunció la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en el marco de su LXXV Asamblea General, celebrada en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

El gremio periodístico continental precisó que el Parlamento se encontraba dominado por Fuerza Popular, bancada mayoritaria, y el Apra, grupos políticos cuyos líderes fueron cuestionados por presuntos delitos de lavado de activos de empresas constructoras multinacionales como Odebrecht.

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Entre los hechos que consideraron como iniciativas que buscaban afectar el derecho, está el restringir la publicidad estatal e incrementar las penas para casos de difamación, la que puede usarse como una herramienta legal contra los periodistas.

La SIP señaló que la agenda legislativa ‘anti-prensa’ se fortaleció luego de las labores de investigación periodística sobre casos de corrupción de Lava Jato y Lava Juez, que reveló la red de corrupción en los tribunales de Perú y que “han derivado en investigaciones fiscales e incluso cárcel para varios prominentes políticos y jueces”.

La propuesta señala que la pena máxima por difamación aumentará de tres años a un rango de entre cuatro y siete años. “La iniciativa ha establecido erróneamente que solo normará sobre difamación en redes sociales, cuando también afectará a los medios”, se agrega en el documento.

Por otro lado, la propuesta de ley de publicidad estatal sigue encaminada y en un nuevo dictamen establece la obligatoriedad de los medios de comunicación de tener una autorización con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Además, se plantea que se de prioridad a los medios estatales y luego a los privados.

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Entre los casos de amedrentamiento registrados contra periodistas y medios, el informe de la SIP reportó la condena contra el periodista Pedro Salinas a un año de prisión suspendida y a pagar 25 000 dólares de reparación civil al arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, por difamación agravada debido a unas afirmaciones hechas por el periodista en un artículo y una entrevista de 2018. Posteriormente, Eguren desistió de la querella contra Salinas.

De otro lado, el Poder Judicial admitió una nueva demanda por difamación interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez contra los periodistas Oscar Castilla y Edmundo Cruz y dispuso el embargo preventivo de los bienes de ambos medios. Los periodistas han investigado la relación de Arévalo, alias ‘Eteco’, con el narcotráfico, utilizando fuentes contrastadas, entre ellas la del Departamento para la lucha contra las drogas de Estados Unidos.