Amar al libro

La Comisión de Cultura del Congreso ha dejado expedito el dictamen que permite la ampliación por 10 años de la Ley del Libro, introduciendo cambios para ampliar los beneficios a las editoriales medianas y pequeñas y a los autores.

De esa manera se ha planteado una solución al dilema absurdo promovido por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que cuestiona la actual norma aduciendo que beneficia a pocos pero que prefiere terminar con ella en vez de corregirla, un desatino en un país con una baja tasa de lectura y problemas de comprensión lectora y que, a pesar de ello, ha registrado un pequeño boom editorial.

Los ajustes en el Congreso disponen que las editoriales que reinviertan total o parcialmente su renta neta imponible tendrán derecho a un crédito tributario y se incentivará a las empresas que participen en la realización de proyectos editoriales. También se dispone un sistema de exoneraciones a las regalías por derechos de autor, a las donaciones con propósitos de la democratización del libro, y medidas en favor de las editoriales independientes para que un número mayor acceda al reintegro tributario, el mismo que se ha elevado.

De ese modo se evita el riesgo de que, en breve plazo, a la expiración del plazo dispuesto por la actual legislación, los libros cuesten 18% más. No obstante, la discusión es más compleja, porque se refiere exclusivamente a las exoneraciones, un mecanismo inicial que necesita ser complementado, y en un momento reemplazado, por la ampliación del mercado, la actividad exportadora y el incentivo permanente a la lectura.

No puede decirse que la actual Ley del Libro haya fracasado, al fin de cuentas la narrativa del MEF. En 15 años se ha triplicado la producción de títulos, pasando de 2 mil el año 2003 a más de 7 mil el año 2018. Las exportaciones también se han incrementado, pasando de un volumen de 100 mil dólares el año 2003 a más de 22 millones de dólares el año 2016. Las editoriales hace 15 años apenas superaban la cifra de 200 y ahora son más de mil.

En vías de promoción, el Estado puede hacer mucho más. Los primeros en modificar sus estimados deberían ser los funcionarios del MEF, que creen que la salida es gravar con el IGV a los libros, algo que en la región solo hace Chile. Y combatir la piratería, suministrar más presupuestos para el libro, fomentar bibliotecas descentralizadas (el BCR podría imitar la experiencia colombiana), premiar a los autores y no solo a los investigadores, promover la lectura familiar y comunitaria, entre otras acciones. El Estado tiene que amar al libro.