Buscan que dinero ilegal en partidos no se investigue como crimen organizado

Renzo Caparachin
9 Dec. 2018 | 01:01h

Trampa. La ley de financiamiento ilegal es mucho más benigna que la norma vigente sobre lavado, advirtió el exfiscal Avelino Guillén. Ante el escándalo, bancada PPK ha retrocedido. 

El dictamen aprobado en el Congreso que favorece a los políticos investigados por lavado ha ocasionado más problemas en Fuerza Popular y ha obligado a la rectificación de la bancada oficialista de Peruanos por el Kambio (PPK). 

Daniel Salaverry (de licencia en FP) anunció que no firmará la autógrafa y someterá a votación una reconsideración. El fujimorismo mostró su desconcierto. No se ha decidido si el titular del Legislativo será sancionado. 

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En el caso de PPK, siete legisladores votaron a favor del texto. Estaban en contra Juan Sheput y Mercedes Aráoz. Eso fue el miércoles. Al día siguiente, el presidente Martín Vizcarra dijo que la observaría.

Frente al escándalo, el oficialismo acordó votar a favor de la reconsideración y que el proyecto sea devuelto a la comisión de Justicia. 

Este tema, desde un inicio, supuso un fuerte debate en el chat de la bancada de PPK. La descoordinación entre los legisladores y Palacio es evidente.  

Hay varias deficiencias en el dictamen. Gerardo Távara, secretario general de Transparencia, explicó que no considera las diversas situaciones punibles que podrían presentarse –y se presentan- en el financiamiento ilegal. 

No incluye si es que se recibe dinero de fuente legal, pero por encima de los montos permitidos, por fuera del sistema bancario o se declara a nombre de otras personas. “Todas esas son situaciones que ameritarían una sanción penal”, explicó Távara. 

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Asimismo, una disposición complementaria dice que si la ONPE recibe un informe favorable a través de un oficial de cumplimiento (que los partidos podrían nombrar de manera facultativa), sería suficiente para descartar sospechas de malos manejos. “Es grave, porque le dan a la ONPE atribuciones que no le corresponden y que detienen la acción fiscal”, añadió Távara. No está estipulado, además, cómo se nombraría a los oficiales de cumplimiento. 

El exfiscal Avelino Guillén dijo que el objetivo real es favorecer a los líderes políticos investigados en la actualidad por el delito de lavado de activos.  "Lo que se busca es que este financiamiento ilegal no se investigue bajo las normas del crimen organizado", señaló. 

Cuando se investiga el crimen organizado, la ley dispone herramientas para un trabajo más eficaz y contempla, además, un plazo máximo de 36 meses para llevar todo a cabo. "Los abogados van a pedir, entonces, que se aplique la norma específica, que es más benigna", indicó Guillén.