Últimos esfuerzos para proteger a ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’ sobrevivientes.,A pocos días del referéndum del 9 de diciembre emerge una campaña llamando a votar ‘no’ en las cuatro preguntas de esta consulta. Sus promotores son opositores que tienen un denominador común: su oposición al gobierno de Martín Vizcarra, conservadores activistas de Con mis hijos no te metas y defensores reservados o abiertos de los implicados en la trama de ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’. Algunos son simpatizantes de Apra, del PPC o del fujimorismo, y en más de un caso han formado parte de las campañas en favor de Keiko Fujimori y Alan García. Los argumentos para los cuatro ‘no’ son increíblemente contradictorios. Señalan que el referéndum no es consensual sino una “imposición” del Gobierno, que pretenden convertir a Vizcarra en un dictador que siga acosando a la clase política y al Parlamento, liberándose de sus opositores, y que sus resultados no significarán un cambio. Se trata, ante todo, de una negación desesperada de la realidad. El referéndum ha movilizado al país y es cierto que está a punto de jubilar a connotados miembros de la clase política, especialmente de los partidos opuestos al Gobierno y que proclaman a los cuatro vientos el riesgo de los cambios a los que apunta el referéndum. Extraña esta negativa que, anticipando que el referéndum no cambiará nada, alerta sobre los mismos. El trasfondo de esta campaña es otra. Por un lado, se encuentra la falta de identidad de sus promotores con la reforma judicial y política y plena seguridad de que luego del 9 de diciembre habrá otro orden de cosas en estos dos ámbitos de la vida nacional. No se tendrá la posibilidad de elegir un nuevo CNM (ahora Junta Nacional de Justicia) a gusto de los grupos de presión, manoseando los colegios profesionales y las universidades; no se podrá introducir dinero sucio y/o legalmente grandes sumas de dinero en gasto electoral; ni se podrán reelegir inmediatamente los parlamentarios. Claro que sí habrá cambios. Por otro lado, es cierto que la exigencia de las reformas ha fortalecido al presidente Vizcarra. Sin embargo, esta legitimidad no se debe a la propuesta de reforma, sino a la resistencia del Congreso que, reconociendo oficialmente la necesidad de procesar los cambios en la administración de justicia y en el modelo político, retrasaron dos años el debate de los mismos. El Gobierno no es responsable incluso de que luego de la implosión del CNM a causa de los audios, el Congreso se resistiese a aceptar las renuncias de sus miembros, obligando al Ejecutivo a convocar una legislatura extraordinaria. Bien escondida en esta campaña se encuentra la simpatía de sus promotores con más de un “cuello blanco”. Harían bien el fujimorismo y el Apra, que aprobaron con sus votos las cuatro reformas constitucionales en el Congreso, en precisar su posición frente a esta campaña. No sería la primera vez que ambos grupos pretenden borrar con el codo lo que escribieron con la mano. La escopeta de dos cañones es una peligrosa arma de contagio.
