Por el interés superior del Ministerio Público

María Elena Guerra - Cerrón
Fiscal superior titular del Distrito Fiscal Callao

Si bien la Constitución Política del Perú señala que el Ministerio Público es autónomo, el ejercicio de la autonomía no es de libre albedrío, sino que está sujeto al ordenamiento jurídico nacional donde la Carta Magna señala que su fundamento es el mandato del pueblo.

Sin duda cuando somos elegidos en un cargo público o cuando somos nombrados jueces y fiscales titulares, nos asiste el derecho de exigir que se respeten nuestros derechos cuando se pretenda afectarlos. Lo que vamos a alegar es la legalidad de nuestra elección o nombramiento y, por lo tanto, nadie nos puede remover de nuestro cargo porque la elección y designación es legítima y válida. Solo se nos podrá remover por falta grave y con un debido proceso.

No obstante lo señalado, existen circunstancias en las que no es suficiente la legitimidad de una designación o nombramiento, sino que debe concurrir la legitimidad social y, principalmente, la legitimidad moral.

En este contexto, es oportuno mencionar el refrán que dice “No solo hay que serlo… sino parecerlo”. Cuando uno asume una posición y considera que está actuando correctamente; pero tal posición es rechazada por sus colegas, y especialmente por ese pueblo; entonces hay que reflexionar si acaso se necesita un cambio de actitud.

Invocar la “autonomía” frente a los cuestionamientos de nuestras acciones no es apropiado, porque la autonomía es institucional, no de las personas. Cuando un interés particular legítimo afecta el interés nacional, debemos optar por una solución que beneficie al colectivo. No se trata solamente de preservar la buena imagen institucional, se trata de garantizar la sostenibilidad de una institución.

Se puede ser una persona digna, pero cuando algún suceso público lleva a que se desconfíe de uno y parezca indigno, entonces no se puede pretender ser el líder, no se puede esperar que a uno lo sigan, lo que estará generando es malestar y rechazo, y se debe hacer algo al respecto.

Lo que corresponde es adecuar el principio del interés superior, que no es exclusivo de niños, niñas y adolescentes, sino que resulta aplicable a todos aquellos sujetos que requieren protección especial, ya sea por encontrarse en un estado de vulnerabilidad o simplemente para promover su bienestar, por tanto, frente a la coyuntura institucional, invoco que se actúe en Interés Superior del Ministerio Público.

Existen fiscales supremos que junto con el fiscal de la Nación integran la Junta de Fiscales Supremos; sin embargo, se encuentran inmersos en investigaciones que perturban su liderazgo y ante la población peruana han perdido credibilidad.

No se puede exigir que renuncien, pero sí se puede invocar a sus valores, y a esa mística que tanto proclaman, a los años de servicios que tienen en la Institución, y se les puede pedir que se ABSTENGAN POR DECORO. Se les puede pedir que mientras se esclarece su situación en la investigación que siguen los propios fiscales, voluntariamente accedan a una medida temporal de suspensión.

Optar por el Interés Superior del Ministerio Público significa que entre los derechos del fiscal de la Nación y los fiscales supremos inmersos en el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” se opte por la decisión que favorezca al Ministerio Público. Hoy este se encuentra en su estado más vulnerable y requiere de la valentía de sus miembros para sacarlo de esta situación.

No le pedimos al capitán que muera en el barco; al contrario, le pedimos al capitán que salve el barco, y si para ello hay que hacer algún sacrificio, que se haga y se tome la decisión de retirarse voluntariamente. Este sería un acto de hidalguía que sería reconocido por todos los miembros que integran el Ministerio Público y por la población peruana.

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