Una mujer dada por desaparecida el 13 de noviembre pasado ha sido hallada, desmembrada, en el departamento de un policía que no ha sido ubicado. Durante la pesquisa en busca de Sheyla Mayumi, de 26 años, se detuvo a seis personas que se encontraban en la vivienda del agente PNP Walter Condori.
Es un nuevo caso de feminicidio que causa horror por lo sanguinario, pero que forma parte de la penosa lista de casos de mujeres que pierden la vida a manos de sus parejas o conocidos por razones de género.
Hasta setiembre de este año, se han reportado 123 casos con características de feminicidio, según estadísticas oficiales. El mayor índice de estos se ubica en Lima metropolitana, siendo Cusco la ciudad que ocupa el segundo lugar.
En el caso de Sheyla, la madre sabía exactamente dónde había ido su hija por una conversación de WhatsApp que había quedado abierta. Con ese dato, acudió en dos oportunidades a la comisaría de Santa Anita a denunciar la desaparición de la joven. La primera vez le dijeron que debía haberse ido con el enamorado y no quisieron tomarle la denuncia. La segunda vez, fue derivada a otra comisaría, la de Comas, por la ubicación del condominio donde está ubicado el departamento del policía.
Finalmente, la madre, luego de varios días, pudo sentar la denuncia pese a las advertencias recibidas en la sede policial por las medidas que podría adoptar contra ella el agente PNP si es que no era ubicada allí la desaparecida. Ante la presión de la familia, se realizó el procedimiento policial y se hallaron los restos de la joven en una maleta.
¿Cuál fue la razón de la policía para no atender la denuncia? ¿El hecho de ser un efectivo policial? Lamentablemente, muchas personas que acuden a las comisarías para denunciar la desaparición de una menor de edad o de una mujer reciben ese tipo de respuestas. En casos de denuncia de violencia doméstica o agresiones sexuales, también persiste esa actitud displicente que empeora aún más la situación de las víctimas.
Urge una investigación a fondo y una acción del Estado para establecer responsabilidades y sancionar la dilación policial en este tipo de delitos que afectan a las mujeres. Es abominable que a esta altura se mantengan estas prácticas que solo agravan la situación de las mujeres en riesgo.
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