Equilibrio bajo 0, por César Azabache

Esta semana la cumbre de la APEC se sobrepone con movilizaciones ciudadanas convocadas para exigir al gobierno y al Congreso, una vez más, protección frente a la expansión de la extorsión y el sicariato.

El gobierno ha respondido a la convocatoria ofreciendo a los destacamentos de la policía y el ejército convocados contra los potenciales manifestantes un nivel de protección legal que no está en sus manos ofrecer: llevar en adelante todo potencial caso por exceso en el uso de la fuerza ante tribunales militares y policiales. La medida claramente intenta evitar investigaciones como las que se han seguido tras las muertes de Inti y Bryan, ocurridas durante las protestas de noviembre de 2020, e intenta esquivar las indagaciones que ahora se desarrollan por los asesinatos ocurridos en las protestas de diciembre de 2022 y el verano de 2023.

Sin embargo, la medida ofrecida, extender las jurisdicciones militar y policial, requiere una reforma constitucional que ni siquiera ha comenzado a tramitarse. Además, necesita la aquiescencia del Poder Judicial, de las fiscalías y del Tribunal Constitucional, que cuentan con abundante jurisprudencia en contra de una disposición de este tipo. Y aunque al gobierno y a la mayoría del Congreso no les guste escucharlo, es preciso insistir en que existe jurisprudencia abundante y vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también prohíbe ir en esta dirección.

La oferta, entonces, supone una promesa que no puede ser cumplida. Y si la medida se impone desde el gobierno o desde el Congreso, no será sostenible. Constituye una estafa; un burdo engaño. Pero no parece que eso importe a quienes la proclaman como si fuera una conquista.

Honestamente, espero que los efectivos de la policía y el ejército no sientan el deseo de reproducir lo que hicieron desde diciembre de 2022 en adelante. No creo que esa narrativa que se impuso, que presentaba a los manifestantes como si todos fueran castillistas, terroristas o vándalos, logre prevalecer nuevamente. Confío firmemente en que no se propague de nuevo.

Pero claro, para el gobierno el enemigo no es la criminalidad organizada: es la ciudadanía que protesta. Por eso estos días estarán virtualmente desprotegidos los bodegueros, los conductores de vehículos de transporte, los cobradores de combis, los peluqueros, los comerciantes, los dueños de restaurantes, y un largo etcétera. El gobierno ha decidido que la escasa capacidad operativa de nuestras fuerzas de seguridad en Lima se concentre en su propia protección; la protección de la cumbre de la APEC, que a la criminalidad organizada no le interesa en absoluto. Entonces, le están entregando la ciudad a la violencia mientras protegen el evento de manifestantes que están pidiendo ser protegidos, que están reclamando porque sus vidas están expuestas.

La respuesta actual a los reclamos registrados en la ciudad desde agosto, cuando Alejandro Merino Elio fue asesinado en la avenida Javier Prado, es espantosa: no proteger a los transportistas, cerrar los colegios e inventar un feriado pensando que así nadie tendrá motivo para moverse. Y amenazar con reprimir a quien se atreva a protestar cerca de la cumbre.

Lo peor de todo esto es que no parece ser solo producto de la nula capacidad del gobierno para entender la situación en la que estamos. Temo que esto refleja una forma de organizar el poder en plena gestación. La propuesta supone consolidar un Estado enano que, fuera de las fronteras que marca su estrecho alcance, entrega el control del territorio a organizaciones criminales violentas mientras se concentra en su propia protección, en su reproducción y en contener o anunciar que puede contener agresivamente las movilizaciones que se convoquen u organicen en adelante. Es un Estado que fantasea con la creación de pequeños guetos de confort en zonas acaudaladas de las ciudades como si eso pudiera sostener al país. Un régimen que intenta mantenerse por debajo de la línea que marca el "0" en valores como institucionalidad, responsabilidad pública, inclusión o bien común. Este es un Estado que pretende coexistir con la extorsión, el sicariato, las mafias que deforestan la Amazonía, la minería ilegal, el narcotráfico, el tráfico de mujeres, niñas e inmigrantes, y con un largo etcétera que incluye a las universidades no licenciadas y a los dueños de partidos-franquicia.

Especialmente con estos últimos, que cuentan con que la fragmentación de la oferta política (más de 30 organizaciones inscritas, más de 30 intentando inscribirse) les facilitará la reproducción del modelo en el 2026.

Es un Estado sin capacidad de gestión. Un Estado caro, porque nos cuesta, pero no nos ofrece ni un atisbo de las prestaciones básicas que deberían justificar su existencia: protección frente al crimen, salud, prevención de la desnutrición infantil, educación de calidad, infraestructura, agua potable, preservación de la Amazonía, por citar solo las principales.

Es absurdo imaginar que el Perú se sostendrá en base a pequeños guetos de aparente seguridad ciudadana instalados en la Lima Moderna o en la protección selectiva de supuestos enclaves económicos como el puerto de Chancay. Este no es un país que progresa mientras los políticos duermen. Es un país que se está corroyendo, que está siendo demolido aceleradamente.

Es absurdo concentrar la escasa fuerza pública de la ciudad en la protección de los espacios de la APEC. Es absurdo creer que esta enorme tensión no estallará en algún momento, que no tendrá consecuencias.

Me niego a aceptar que sea tan sencillo canibalizarnos.

Señores miembros de la APEC: este es el gobierno que los recibe. El gobierno con el que estamos conviviendo.

Uno que no tiene la menor intención de protegernos.