Gobierno y Congreso liberan a delincuentes
Flamante fiscal de la Nación tiene la tarea de esclarecer la narrativa que busca echarles la culpa a jueces y fiscales.
La fiscal de la nación, Delia Espinoza, ha jurado hace algunos días, y durante el acto solemne, al que no asistieron autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, ella remarcó que su principal tarea al frente del despacho será devolver la confianza del ciudadano en el Ministerio Público.
Es importante esta labor porque se está tratando de instalar un discurso que quiere atribuir la libertad otorgada por jueces y fiscales a criminales, queriendo enmascarar la responsabilidad que recae en el Gobierno de Dina Boluarte y en el Congreso de Eduardo Salhuana, promotores de leyes procrimen que permiten la liberación de delincuentes que se acogen a las normas aprobadas y promulgadas por ambos poderes del Estado.
Para muestra, el decreto legislativo 1585, que ha evitado la cárcel para Kenji Fujimori, con sentencia firme pero inaplicable, porque legalmente no hay lugar a prisión si la pena corresponde a delitos como extorsión, robo o posesión de drogas.
Para prisiones de cuatro años, y excepcionalmente hasta ocho años, se deja sin efecto la prisión. Es el caso del menor de los Fujimori, cuya sentencia de cuatro años ocho meses de prisión efectiva fue confirmada por la Suprema, que sin embargo tuvo que declararla inaplicable por el decreto legislativo en mención.
No se trata de la única norma legislativa que está abriendo las cárceles para que salgan los delincuentes. Lo mismo ha pasado con el clan Orellana, favorecido por las leyes del Congreso 32108 y 32138. La Corte Suprema se vio en la obligación de liberarlos por estas disposiciones que modifican el Código Penal y redefinen lo que se entiende por crimen organizado, dejando fuera de esa modalidad a una serie de delitos.
Es ahora labor de la nueva fiscal de la Nación este esclarecimiento sobre los atributos del Ministerio Público y los recortes a estas responsabilidades efectuados por el Congreso, como es el caso de otorgar a la Policía Nacional la investigación preliminar para casos penales. La instalación de una falsa narrativa que carga sobre jueces y fiscales una responsabilidad que no tienen, no es un ardid político que deba pasarse por alto, sino una estrategia exculpatoria e inventada con el mero propósito de promover impunidad. Por ello, el silencio no es la mejor respuesta.
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