Autocracias y corrupción, por Diego García-Sayán

¿Dureza verbal para expresarse contra Maduro es lo que distingue al “demócrata”? Pues sí, esa parece ser la forma prevaleciente de parecer “demócrata” en estos tiempos de elecciones fraudulentas en Venezuela. Expresarse hablando “fuerte” contra la autocracia que Maduro encabeza desde el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela en Caracas.

Día a día de las expresiones de la derecha “dura” en nuestro país, incluyendo algunas que vienen de partidos del pacto corrupto gobernante. Diciendo muchas veces cosas ciertas, como que fue grosero el fraude en las elecciones venezolanas del 28 de julio. Pero parecería que ignoran las enormes semejanzas entre el proceso autocrático de Chávez/Maduro, con el fujimorismo que sojuzgó y corrompió al Perú desde el autogolpe militar de abril de 1992.

Es, por cierto, justo todo lo que se diga contra el ataque, en curso, en Venezuela, a voluntad y expresión popular. Y se debe cuestionar un sistema electoral controlado por el Gobierno y el régimen policial/militar de restricción de libertades ciudadanas. Y, a la vez, debe recordarse el proceso similar que ocurrió en el Perú desde el 5 de abril desde 1992: Fujimori hizo rodear con tanques de guerra el Palacio de Justicia y los principales medios de comunicación. Y, más tarde, intentó producir un inconstitucional rerreelección apoyándose en un sistema electoral digitado por el poder político.

La “otra cara” del madurismo

El mundo ya conoce —y condena— el fraudulento y represivo acto electoral del 28 de julio en Venezuela. Constata cómo, pese al empuje democrático de la sociedad venezolana, el régimen de Maduro ha pasado, con impunidad, a la sistemática persecución y represión contra la oposición política y el periodismo independiente.

Siendo así las cosas, no hay duda de que la imagen de Maduro y su régimen queda seriamente afectada. Pero hay otra cara menos publicitada del autoritarismo “madurista”: la corrupción. Organizaciones independientes como Transparencia Internacional han hecho detallado seguimiento de este otro componente.

Gran corrupción: sin precedentes

Dada la escasez de información de las fuentes oficiales, es indispensable basarse en la información e investigaciones serias como la realizadas por Transparencia Internacional en Venezuela desde el 2018.

Así, hasta marzo del 2023, habría al menos 220 casos de desfalco al patrimonio público venezolano conocidos por órganos de sistemas de justicia. Si bien la magnitud total —de casos y del dinero sustraído— puede ser mayor que lo denunciado, ya asciende a montos espectaculares: siete veces (¡sí!) el total de las reservas internacionales de Venezuela, estimadas en US$9.532.000.000 para marzo del 2023, de acuerdo con cifras del Banco Central de Venezuela.

La cantidad de dinero comprometida ascendería a US$68.311.087.395, lo que sería una especie de récord mundial en la sustracción de recursos públicos a través de la corrupción. La mayor parte es un saqueo de carácter “trasnacional”. Según lo identificado por Transparencia, “al menos 146 de estas causas se procesan en los sistemas de justicia de 26 terceros países y 74 en Venezuela”. Tener en cuenta, también, el “colosal robo” a PDVSA por US$4.200 millones: saqueo por exjerarcas chavistas y empresarios, como lo reportó esta semana el diario El País.

Temas, pues, pendientes de juzgar cuando se recupere la democracia, como lo hizo el Perú desde el 2000. No hay información oficial —aún— sobre el estatus de las averiguaciones.

Corrupción y derechos humanos

La corrupción golpea directamente los derechos humanos. Como ha ocurrido —y ocurre— en el Perú. Como anota con precisión Transparencia, “informes internacionales han evidenciado la relación e impacto de la corrupción en la garantía de derechos humanos, en sectores como la salud, alimentación, educación, calidad de los servicios públicos como el agua potable, la electricidad, así como en las oportunidades de desarrollo, la superación de la pobreza y la desigualdad”.

Asuntos críticos sobre los cuales están llamados a actuar protagónicamente órganos de protección como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y en lo que atañe a delitos, la Corte Penal Internacional, cuya fiscalía tiene una oficina ya instalada y trabajando en Caracas desde abril de este año.

Nuestro “madurismo”. No olvidar la historia7

Pero así como puede haber en Venezuela quienes medran —o buscan medrar— bajo el ala del “madurismo”, en nuestro Perú de los 90 hubo un gobierno autoritario y corrupto y muchos se subieron —muy rentablemente— “al carro”. Abriendo un oscuro y largo capítulo de corrupción oficial e institucionalizada, desde Fujimori y Montesinos, las cabezas del poder.

El fujimorismo ha sido uno de los más represivos y voraces gobiernos autócratas dentro de las grandes, variadas y emblemáticas dictaduras del siglo XX en el Perú. Tuvo hasta un escuadrón de la muerte manejado desde la cabeza del poder (grupo Colina), que asesinó a decenas de personas, como se probó judicialmente. Y también muy corrupto. Tanto por los millones que manejó Vladimiro Montesinos, el “peso pesado” en el gobierno de Fujimori. Y su oscura interacción con grupos de poder “formal”, como con el narcotráfico (a través de (a) Vaticano), como se probó judicialmente. Y hasta con las FARC de Colombia, a quienes la “parejita” vendió 10.000 fusiles AK-47, en 1999, conseguidos en Jordania.

En general, esos niveles astronómicos de corrupción suelen venir de la mano de los Gobiernos autoritarios. Aunque, en este caso, superaron al emblemático Odría de mediados del siglo XX.

Pero para ser “demócrata” no basta la dureza verbal en un caso puntual. Se necesita consistencia. Y no olvidar la historia… Y a algunos de quienes sostienen al pacto corrupto.