Empresas públicas: dolor de cabeza, por Mónica Muñoz-Najar

Algunos de ustedes, amables lectores, recordarán los años 70, cuando el Estado peruano llegó a gestionar unas 174 empresas públicas en diversos sectores. Así, encontramos que el Estado no solo manejaba operaciones mineras (Minero Perú, Hierro Perú y Centromin), la aerolínea nacional (Aeroperú), las telecomunicaciones (Entel PE Perú), la producción de petróleo (Petroperú), sino también importaba frutas y verduras (EPSA) y productos como fertilizantes y agroquímicos (ENCI). Incluso tenía cadenas de hoteles (Enturperú) y gestionaba una empresa que, entre otras actividades, dirigía el mercado de apuestas deportivas (Epaprode).

Las pérdidas económicas que generó el sostener este pesado aparato estatal fueron significativas. Entre 1980 y 1992, año en que iniciaron las privatizaciones, las empresas públicas tuvieron pérdidas equivalentes al 2,1% del PBI en promedio cada año. Para que el lector se haga una idea de la magnitud de estas pérdidas, el fenómeno El Niño de 1997 causó 2,9% del PBI de pérdidas en la actividad económica. Las empresas estatales nos hacían perder como si tuviéramos un fenómeno El Niño fuerte cada año.

Actualmente, existen 35 empresas estatales bajo la administración del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), incluyendo Sedapal, Petroperú, el Banco de la Nación y Córpac. Esto sin contar las empresas municipales de provisión de servicios de agua y alcantarillado y otras empresas municipales.

La gestión de las empresas públicas ha sido, en muchos casos, deficiente, acumulando pérdidas significativas. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), en la última década, las actividades empresariales del Estado han resultado en pérdidas por casi S/9.000 millones.

Un ejemplo particular es el caso de Petroperú, que acumuló más de S/14.000 millones en pérdidas entre 2012 y 2021, necesita más de US$2.000 millones para cubrir su desbalance financiero y ha perdido parte importante de su participación de mercado, pasando de tener el 41% a solo el 25%, lo que complica a futuro aún más su posición financiera.

Historia aparte son las empresas prestadoras de servicios de agua y saneamiento (EPS). Según la Sunass, al 2023, de las 34 EPS, 13 tienen un margen operativo negativo; es decir, el 40% de estas no puede cubrir sus costos de ventas y gastos operativos, por lo que están en verdadera zozobra. Si a estos costos operativos sumamos los gastos financieros, tenemos que la mitad de las EPS están en negativo. Esta situación se ha mantenido a pesar de que el Estado ha duplicado los recursos que les asigna a las EPS entre 2016 y 2023; así, todos los peruanos damos más y más recursos a empresas que no levantan.

Esta situación no solo afecta las golpeadas finanzas públicas, sino que también desvía recursos que podrían haberse utilizado para cerrar brechas en servicios esenciales como educación, salud y seguridad ciudadana.

Y empresas que no piden rescates financieros, pero que con su inadecuada gestión impactan a millones de peruanos, tenemos varias, entre ellas Córpac, que nos ha mostrado, en los episodios de los problemas ocurridos en el aeropuerto Jorge Chávez, los problemas con los controladores aéreos y el constante cierre de aeropuertos gestionados por ellos, como el de Jauja (que en lo que va del año ya ha cerrado tres veces), que la ineficiencia y manejos inadecuados nos cuestan también muchísimo a todos.

Empresas públicas en América Latina

En América Latina, los problemas de gestión de las empresas públicas no son exclusivos de Perú. Pemex en México enfrenta deudas millonarias, acumulando una deuda de US$106.000 millones y perdiendo su grado de inversión en 2020. Petrobras en Brasil también ha sufrido grandes pérdidas y escándalos de corrupción, con pérdidas de US$7.200 millones en 2015, de los cuales US$2.000 millones estaban relacionados con corrupción.

En contraste, Ecopetrol en Colombia es un ejemplo de éxito. Con un riguroso sistema de meritocracia en la selección de su junta directiva y alta gerencia, ha logrado una gestión eficiente y alta calificación en el Dow Jones Sustainability Index.

Impacto en el ciudadano común

El mal manejo de las empresas públicas tiene un costo directo para los ciudadanos. Cada sol destinado a rescatar a una empresa deficitaria es un sol que no se invierte en infraestructura, educación o salud. Por ejemplo, el último rescate financiero a Petroperú, que ascendió a US $800 millones, equivale a casi todo el presupuesto anual para los programas sociales Juntos y Qali Warma. Según Comex Perú, el dinero otorgado a Petroperú en 2022 podría haber garantizado agua potable y alcantarillado para 1,1 millones de peruanos.

Además, la entrega continua de recursos a empresas públicas ineficientes no solo desperdicia dinero, sino que también perpetúa la ineficacia y corrupción en estas entidades. Esto subraya la necesidad de reformar la gestión y gobernanza de las empresas públicas para asegurar que sirvan verdaderamente a los intereses de la ciudadanía.

Mejorar la gestión con los que saben

Para mejorar el desempeño de las empresas públicas, es crucial implementar mejoras en la gobernanza e incluir una mayor participación del sector privado. Instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han sistematizado recomendaciones de buenas prácticas considerando experiencias positivas y negativas alrededor del mundo. Así, es fundamental la formación de directorios con profesionales experimentados y con independencia, que puedan establecer mecanismos de incentivos a la gestión y sistemas de seguimiento al desempeño. Además, se deben establecer mecanismos de control financiero y límites de endeudamiento para evitar situaciones insostenibles.

Las empresas públicas en Perú han sido una carga constante para la caja fiscal debido a su mal manejo. No solo desvían recursos que podrían ser utilizados para cerrar las amplias brechas sociales, sino que también impactan negativamente la vida y la economía de millones de peruanos. La ineficiencia y las pérdidas recurrentes de estas entidades representan una oportunidad perdida para mejorar las condiciones de vida de la población.

La evidencia es clara: donde hay buena gestión y gobernanza, hay éxito. Es crucial reconsiderar la estrategia de gestión de empresas públicas e incluir la participación del sector privado en su gobernanza y administración. Décadas de malos manejos demuestran que la mayor colaboración con el sector privado no es simplemente una opción; sino una necesidad para garantizar mayor eficiencia y un servicio de calidad a los ciudadanos. Si la tarea es transformar estas entidades en motores de desarrollo económico y social, hay que hacerlo con los que saben.