Donde se prohíben libros, se persiguen personas, por Jennie Dador
“Todas estas acciones que aparentan proteger el honor y mantener el orden social son en realidad amenazas a los mismos cimientos de la libertad intelectual y la democracia misma. Son juzgadas no por méritos, sino por caprichos”.
La educación es un proceso de comunicación básica de valores comunes, que prepara a niñas y niños para la vida responsable en una sociedad libre, plural y diversa donde, al margen de sus distintas culturas, creencias e ideologías políticas, es posible comunicarse entre sí. Para la concreción de este fin, el Estado tiene la obligación de enseñar determinados contenidos mínimos, establecidos en el artículo 14° de la Constitución Política.
Uno de esos contenidos mínimos, que debe impartirse de manera obligatoria y a lo largo del proceso educativo, es la formación ética y cívica, así como la enseñanza de la Constitución y los derechos humanos; entre ellos, el derecho a la igualdad y no discriminación, reconocido en el artículo 2° de la Constitución. La Convención de los Derechos del Niño, en su artículo 29°, precisa que se debe inculcar al niño y a la niña el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales; asimismo, se les debe preparar para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales, religiosos y personas de origen indígena.
Sin embargo, el ministro de Educación, Morgan Quero, intenta sacar de circulación veintidós libros por el contenido de palabras que su gestión considera sensibles para el proceso educativo, como “género”, “conflicto armado”, “aborto”, “conflicto social” y “educación sexual integral”. Esta decisión ministerial no dista mucho de aquella presentada por la Santa Inquisición con su Index Librorum Prohibitorum et Derogatorum, que prohibía la lectura, posesión, impresión y difusión de los libros allí listados, o de la quema de libros en hogueras públicas orquestada por las hordas del régimen nazi. En todos los casos, la intención es la de controlar la vida y la moral pública, según el funcionario público, pervertida en ese entonces por el “bolchevismo cultural”.
¿Qué sucede cuando el propio sector Educación promueve la censura de textos considerados como “literatura hostil”? Las escuelas dejan de ser espacios privilegiados para la formación del pensamiento crítico independiente, de la opinión y la expresión propia a las que todas y todos los estudiantes tienen derecho después de beber información de distintas fuentes. De esta manera, las escuelas se alejan del mandato de desarrollar y fomentar las actitudes vinculadas a valores fundamentales para la convivencia democrática. Cuando se confeccionan listas de lectura o se realiza el retiro de algunos libros de la biblioteca, no es solo la supresión de algunos títulos, sino, más bien, la censura de ideas y perspectivas diversas que representan oportunidades para discusiones críticas sobre cuestiones sociales complejas guiadas por el maestro en el aula.
Al prohibir estos libros, las escuelas están limitando la posibilidad de los y las estudiantes a diferentes perspectivas, lo que restringe así el crecimiento intelectual. Al controlar y dirigir las lecturas, las nociones y premisas se convierten en verdad porque se les impone creer en ellas y no porque expresen la síntesis de varios hechos que pueden ser debatidos y rebatidos.
Todas estas acciones, que a menudo tienen la apariencia de mantener el orden social o proteger el honor —como ocurrió en Chile con la censura de la proyección de la película La última tentación de Cristo, que se basó en el supuesto daño reputacional de Jesucristo y otras afectaciones a la moral pública—, son en realidad amenazas a los mismos cimientos de la libertad intelectual, la circulación de pensamientos e información y la democracia misma, porque las ideas ya no son juzgadas por sus méritos, sino sujetas a los caprichos de quienes detentan el poder de turno.
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Si bien la decisión aún no está tomada, la intención existe y el ministro refiere que es parte de su apuesta por la lucha frontal contra el terrorismo y la educación financiera para la inclusión. Sin embargo, no se trata de una única iniciativa aislada, sino que responde a un conjunto de medidas en marcha.
La Ley nº 31745, que declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares de estudio sobre educación cívica e historia de la subversión y terrorismo en el Perú en las instituciones educativas del país, o la vandálica intención del alcalde de Lima de demoler el memorial El Ojo que Llora para desarrollar áreas deportivas y recreativas, son tan solo algunos ejemplos.
Asimismo, los pares distritales del alcalde de Lima hacen lo mismo, borrando murales y cerrando parques. En Congreso comete arremetidas contra el cine peruano, especialmente las expresiones del cine regional.
En la práctica, se busca alimentar la narrativa de que las graves violaciones de derechos humanos fueron cometidas exclusivamente por los grupos subversivos alzados en armas y omitir la participación de las fuerzas armadas y policiales hoy a punto de ser liberadas de su responsabilidad penal, gracias a la ley que declara la prescripción de los crímenes contra los derechos humanos cometidos hasta julio del 2002.
De producirse este atropello ministerial contra la libertad de pensamiento y la circulación de ideas, en los próximos años tendríamos legiones de consumidores carentes de ciudadanía. Práctica muy peligrosa para una democracia que ya no es democracia y un país que reclama justicia para sus muertos y desaparecidos. Nos faltan 50 y seguimos buscando a nuestros más de 21.000 desaparecidos.
*Jennie Dador es Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Columnista invitado
Columnista invitado. Autor de contenidos y de las últimas noticias del diario La República. Experiencia como redactor en varias temáticas y secciones sobre noticias de hoy en Perú y el mundo.