Ea OEA

La idea de una comisión internacional que venga a evaluar la crisis política y nos ayude a encontrar salidas dialogadas al entuerto en el que nos encontramos es en principio una buena idea. No sería la primera vez que ocurre algo así: la mesa de diálogo facilitada por Eduardo Stein en el Perú el año 2000, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras o la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala son ejemplos relevantes.

En ese sentido, el acuerdo de la OEA para activar la Carta Democrática y enviar una misión a nuestro país debería ser aprovechado para algo más que un simple “ganar tiempo” por parte del Gobierno. Este nuevo momento debería ser visto como una oportunidad para lograr consensos mínimos entre los actores políticos y enfriar esta dinámica de polarización que pareciera no tener salida.

Hay que dejar en claro que la situación en el Perú es más compleja que los supuestos bajo los que se elaboró la Carta Democrática. Aquí es difícil circunscribir las amenazas contra la democracia a un único sector político. No estamos ni en el escenario de un gobierno impoluto amenazado por un grupo golpista, ni en el de un gobierno autoritario denunciado por una oposición que encarna un anhelo democrático.

Si bien sí existe un sector claramente antidemocrático en el Congreso (uno que habla sin descaro de sacar al presidente electo, inhabilitar a la vicepresidenta e intervenir los órganos electorales para hacer una nueva elección a su medida), el problema es bastante más complejo. Lo que tenemos es una clase política mediocre y atravesada por la corrupción, superfragmentada e incapaz de llegar a acuerdos, y muy desacreditada, que ya no representa casi a nadie. Frente a ello, más que solucionar el corto plazo, los países hermanos podrían ayudarnos a encontrar rutas para lograr consenso en algunas reformas que permitan fortalecer la democracia.