Entre la espada y la pared (otra vez), por Lucia Solis

¿Qué tipo de acusación o denuncia debe tener una persona que aspira a un cargo público como el de la alcaldía de Lima para que su postulación sea considerada, por lo menos, inaceptable? En la lista de candidatos al sillón municipal de la capital ya se ha visto de todo ante la pasividad de partidos políticos, parte de la prensa y electorado.

Daniel Urresti fue denunciado por violación sexual y homicidio, mientras que Rafael López Aliaga, además de la deuda de más de 30 millones de soles a la SUNAT que se le adjudica, agredió verbalmente a las periodistas Mónica Delta y Juliana Oxenford por su condición de mujeres y cree que la desigualdad que enfrenta la población afroperuana se arregla con ollas comunes. George Forsyth fue señalado por su exesposa la actriz Vanessa Terkes por maltrato psicológico. De Gonzalo Alegría, quien afirmó ser la nueva cara de Juntos por el Perú, se supo hace poco que tiene una denuncia por agresión física y abuso sexual contra su hijo.

El posicionamiento contra la violencia de género y la estigmatización hacia poblaciones vulnerables del resto de candidatas y candidatos no se queda atrás porque no queda claro o ni siquiera existe. ¿Coincidirá Yuri Castro con los dichos machistas y homofóbicos que publicó Guido Bellido, su compañero de partido, en sus redes sociales?

Por otro lado, Maria Elena Soto (Avanza País) no ha deslindado, cuando tuvo la oportunidad, de Chirinos y Tudela, congresistas de su agrupación política que votaron a favor del dictamen que pone en peligro el enfoque de género en la educación. Es evidente por qué. La candidata se refirió a quienes forman parte de la diversidad sexual como ‘’personas de opción diferente’'. Los raros, pues. La candidata también propuso como solución al acoso sexual callejero que enfrentan las mujeres en Lima, la reubicación de trabajadores de delivery (muchos de ellos venezolanos); un planteamiento de carácter xenófobo que coincide con la promesa de Elizabeth León, postulante de Frente Esperanza, de empadronar a ciudadanas y ciudadanos de esta misma nacionalidad para ‘’prevenir’' la delincuencia. Se reduce el hostigamiento por razones de género a un tema de seguridad ciudadana y se utiliza el origen y la pobreza para marginar.

Nada de esto escandaliza, o al menos no lo suficiente. Como consecuencia, las limeñas y limeños nos vemos orillados a votar por personas con denuncias graves y preocupantes criterios sobre violencia de género en sus distintas modalidades y estigmatización contra comunidades vulneradas como la población afroperuana y extranjera en la capital. Ninguna acusación ni declaración supone un real impacto para quienes hasta hace unas semanas lideraban las primeras posiciones. Son hechos triviales, anecdóticos. Siguen y seguirán. Reciclados de elección a elección.

La problemática es, quizás, mucho más profunda de lo que nos podemos imaginar y los candidatos que tenemos, con sus denuncias, posturas y todo, son reflejo de una creencia que se consolida cada vez más: la violencia de género, el racismo, la xenofobia y la homofobia son asuntos íntimos y parte de posiciones individuales y personales. No se comprende, aún, que estas desigualdades estructurales afectan al desarrollo entero de la ciudad y a las personas que la sostienen. Se ha normalizado que las ‘’obras’' y el cemento sin fundamento vengan antes que el respeto a los derechos humanos. Una vez más, a votar entre la espada y la pared. El panorama es sombrío y solo queda, como cada 4 años, otorgar un cheque en blanco a quien represente ‘’lo menos peor’'.