Alejandro “Martha Chávez” Cavero, por Indira Huilca

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió que Manuel Merino, Ántero Flores-Aráoz y Gastón Rodríguez no serán investigados por su responsabilidad en la muerte de 2 jóvenes y lesiones de decenas de personas durante las marchas de noviembre 2020. Martha Moyano, “Nano” Guerra y Ernesto Bustamante (fujimorismo), Alejandro Muñante (López Aliaga), Wilson Soto (AP), Rosio Torres (Acuña) y Alejandro Cavero (De Soto) se reafirman así como promotores de la impunidad.

Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez fueron, respectivamente, presidente, premier y ministro del Interior del gobierno de Acción Popular que siguió a la vacancia de Vizcarra y que se mantuvo apenas días, del 10 al 15 de noviembre de 2020. Entre las pocas actividades para las que les dio el tiempo, destacan dos. Una de ellas, informada de inmediato por IDL-Reporteros, fue la llamada telefónica de Merino al destituido ministro del Interior, la mañana del 11, exigiendo controlar los “desmanes” con los que la ciudadanía reaccionó a su primera noche en Palacio.

La otra actividad fue la visita de Flores-Aráoz y Rodríguez a la Región Policial Lima luego de nuevas y masivas marchas (12N), en las que hubo 3 personas heridas por arma de fuego y varias hospitalizaciones. ¿Fueron a pedir explicaciones por la violenta represión, o al menos a exigir a los agentes mayor cautela? No. Flores-Aráoz fue elocuente: “He venido a agradecerles”, “ustedes ponen el pecho” y “en mí siempre encontrarán un defensor”. La noche del 14N, en la segunda gran marcha nacional, la envalentonada PNP volvió a “poner el pecho”, resultando en la muerte de Inti Sotelo y Bryan Pintado y las lesiones de más de 70 personas.

Todo ello motivó una denuncia constitucional contra Merino, Flores-Aráoz y Rodríguez por presunta comisión de los delitos de homicidio, lesiones graves y leves; para la Fiscalía, ellos tenían “la capacidad y estaban en la posibilidad de evitar los resultados, pero no lo hicieron” y, por el contrario, “se permitió se prosiga (...) lo que trajo como resultado dos personas fallecidas y 78 ciudadanos lesionados”. Dado que quienes ejercen altos cargos de Estado están protegidos por “antejuicio político” (solo se les acusa si el Congreso lo permite) lo que debía hacer la Comisión de Acusaciones era evaluar si hay indicios suficientes para que la Fiscalía proceda. Valorar indicios para que la Justicia actúe, escuche a las y los agraviados y dé a los acusados la ocasión de defenderse, sin blindajes partidarios.

No será así. El congresista Cavero, bendecido por el azar y la componenda, fue puesto a elaborar el informe correspondiente y en los meses que jugó a ser fiscal, nunca recibió a testigos de las marchas, a las víctimas ni a sus familias; escuchó solo a los mandos policiales y a los integrantes del gabinete Flores-Aráoz, quienes, por supuesto, no vieron, oyeron ni supieron de ninguna represión. Excediendo su función, ignoró pericias balísticas, informes de Defensoría y de Ministerio del Interior y tergiversó reportes de organismos de DD.HH., para “concluir” que “no existe evidencia” de la participación de los acusados en la cadena de mando, ni del uso de los proyectiles asesinos por parte de la Policía. Por el contrario, vuelve a la teoría (?) de que los manifestantes dispararon contra los manifestantes, un remake de “los estudiantes se autosecuestraron”, la célebre explicación de Martha Chávez a las desapariciones de La Cantuta. Cavero proclama que la señal de que ha hecho “lo correcto” es que ahora “la izquierda lo odia”. Una actitud infantil que pinta de cuerpo entero a quien ha escrito una página más en la historia de la impunidad. Toda mi solidaridad con las familias de Inti y Bryan.