Justicia para Solsiret, por Indira Huilca

Solsiret Rodríguez fue una joven estudiante de sociología de la Universidad Federico Villarreal, madre de dos niñas y activista feminista. En 2016, sus padres, Rosario Aybar y Carlos Rodríguez, denunciaron su desaparición y recién en febrero de 2020 supieron lo que había ocurrido, hechos que hoy son materia del juicio por homicidio contra Andrea Aguirre y Kevin Villanueva, concuñada y cuñado de Solsiret, respectivamente.

Esta semana, por complicaciones de procedimiento, la justicia decidió la liberación de los acusados, renovando el desconsuelo de la señora Rosario, del señor Carlos y de las compañeras y colectivas que acompañan esta difícil causa bajo la consigna #JusticiaParaSolsiret.

La forma en la que se recibió y procesó la denuncia por desaparición de Sol, el camino que tomó la investigación y el ritmo en que se ha desenvuelto el proceso fiscal y judicial, por un lado, refleja la desidia y la inoperancia de la administración de justicia en el Perú, que aqueja sin distinción a cuanto expediente circule por sus pasillos e instancias y que es la coartada de la persistente corrupción que se expresa en sobornos, pagos por dar atención a los casos o como lamentablemente demostraron redes como los llamados “hermanitos”, arreglos de sentencias.

Pero por otro lado, el daño que causa al sistema y a las personas esta inercia generalizada se profundiza cuando afloran prejuicios de género y taras machistas entre las y los operadores de la justicia, pues ello obstruye cada paso que tienen que dar las familias de las mujeres agredidas, desaparecidas o asesinadas desde que se presentan ante una autoridad para dar cuenta de su desgracia. Y ese fue el caso con la familia de Sol.

Como lo ha recordado recientemente el padre de Solsiret, Carlos Rodríguez, han sido años de lucha no solo contra la incertidumbre frente a la desaparición de la joven, sino sobre todo contra la inacción y el maltrato de las diferentes instancias de un sistema de justicia que es la mayor evidencia de que el machismo en nuestro país está lejos de ser erradicado y que la violencia que sufrimos es también institucional.

Lo vimos en el lejano agosto del 2016, cuando la familia acudió a la comisaría de Carmen de la Legua en el Callao, y Dante Pastor, el efectivo policial que debía atenderlos, se negó a admitir la denuncia por desaparición, señalando que probablemente se había escapado por estar “con la cabeza caliente”. El resultado fue que la denuncia se admitió recién en el mes de setiembre.

O cuando en diciembre de ese año solicitamos desde el Congreso información sobre el avance de las investigaciones al entonces ministro del Interior, Carlos Basombrío, y la respuesta fue que se encontraría “en algún lugar del norte con una amiga”, teniendo únicamente como base la revisión de su cuenta de Facebook.

Los prejuicios de género emitidos por la por la Policía Nacional y el Ministerio del Interior respecto a lo que ocurre cuando una joven estudiante y madre de familia desaparece derivaron en las graves falencias de la investigación. Estos sesgos desestiman la realidad cotidiana que vivimos la mayoría de las mujeres e impiden por ejemplo valorar el contexto previo de violencia en el que se da una desaparición.

La lucha de familias como la de Solsiret, y de las activistas feministas que se han movilizado en estos casos, logró que se aprobaran cambios en la normativa en casos de desapariciones como el decreto legislativo 1428 y nuevos protocolos y reglamentos. Sin embargo, aún estamos lejos de conseguir justicia.

Frente a la inminente liberación de los acusados de este crimen por demoras procesales, tenemos la obligación de recordar como sociedad que el machismo que amenaza la vida de las mujeres no se encuentra solo en la casa o el trabajo, también sigue operando de forma atroz en nuestras instituciones.