Constituciones, acuerdos y bien común

Ante el aumento de protestas reivindicativas producido en las ultimas semanas, el Gobierno ha optado por intentar revivir, con la sutileza del Dr. Frankenstein, la idea de una nueva Constitución. Más allá de críticas jurídicas sobre la forma o la constatación constante de que es una táctica política antes que un plan concreto para mejorar la gobernabilidad del país, es importante pensar a mediano plazo sobre cómo manejar esta demanda de reorganización profunda del Estado.

Primero, dejemos atrás que estamos ante un problema jurídico: las constituciones se reforman en sus términos, pero se cambian saliendo del cuadro, como solución a crisis estructurales. La Constitución de los EE.UU., por ejemplo, resultó de la decisión de los constituyentes de ir más allá de lo que el Congreso de entonces consideraba el límite de sus poderes, y cambiar completamente el marco institucional.

Si estamos ante un problema político, un cambio constitucional requeriría una resolución del conflicto que tiene partido por la mitad el país desde hace una década y media: entre el fujimorismo y el antifujimorismo. El problema es que nuestra política es una farsa de salón, donde los acomodos partidarios reflejan intereses particulares, muy puntuales, que reales posiciones políticas. Los que luchan por sus reivindicaciones no siempre conectan con otros por razones ideológicas o políticas, sino de conveniencia; esto hace que la pertenencia a un bando sea fluida: grandes empresarios que quieren asegurarse contratos tanto como propietarios de combis que quieren que no los controlen como comunidades que quieren negociaciones más efectivas frente al gran capital, todos pueden cambiar de lado según les convenga. Lo ideológico se reduce a cuestiones socioculturales, como los derechos sexuales, alineados en un eje conservadurismo-liberalismo que no responde a izquierdas o derechas per se.

¿Cómo saltar el impase? Quizá podríamos comenzar por preguntarnos qué conservaríamos de la actual Constitución, para tener más claridad sobre qué consensos se podrían construir, si fuera tal cosa posible. Esto asumiendo que las partes actúen de buena fe y sin interés de acomodar todo a sus reivindicaciones, prescindiendo de algo vagamente cercano al bien común.

¿Algún problema con el artículo tres? ¿Con los artículos 26 y 27? ¿Con el 70? Separemos la definición, de la implementación, y del ejercicio y respeto efectivo. Si se trata de lo primero, entonces podemos comenzar a conversar, pues lo siguiente es una cuestión de cómo se hacen las cosas, no de qué cosas hay que hacer. Así, podríamos ver que hay espacio para mejorar, pero que este reside en políticas públicas, antes que en conmociones refundadoras.