Golpe de Estado permanente (2)

Castillo aún no se “humaliza”, pero va en esa dirección. En términos políticos, el nuevo gabinete es conservador porque asocia a conservadores de izquierda y de derecha. Con cierta ironía, Alberto Adrianzén ha dicho que el nuevo gabinete es una alianza del marxismo leninismo con el Opus Dei. Desde la perspectiva de la calidad técnica, es peor que el anterior. De él solo se salvan Hernando Cevallos, César Landa, Aníbal Torres y quizá Rosendo Serna.

Más allá de las características políticas y técnicas de su gabinete y más allá del desempeño alcanzado, Castillo es un presidente legítimo que ha sido elegido por cinco años para gobernar el país. Tiene la legitimidad de origen que proviene de la elección popular. Ser de izquierda o de derecha, tener poca capacidad técnica, tener un mal desempeño, ser un hombre mediocre o una lumbrera, son “criterios demasiado ligeros”, como dijo Edmund Burke (un pensador conservador, pero brillante), para desbarrancar a una autoridad legítima. La baja legitimidad por desempeño puede afectar a la legitimidad de origen, pero no puede eliminarla. El presidente Castillo puede llegar a un dígito de aprobación, pero sigue siendo un presidente legítimo.

Sin embargo, hay pésimos diseños institucionales que afectan tanto a la legitimidad de origen como a la legitimidad por desempeño. Este es el caso del presidencialismo parlamentarizado, una forma híbrida de gobierno que es la causa principal del caos que vive el Perú desde el 2016. La Constitución prescribe que la forma de gobierno es presidencialista, pero autoriza también la injerencia del Congreso en el otorgamiento del voto de investidura al gabinete, en la censura de los ministros y en otros asuntos menores. Este diseño traba la buena marcha del gobierno y origina golpes de Estado cuando el Ejecutivo está en manos de un partido y el Congreso es controlado por otros partidos. Esto es lo que se llama gobierno dividido.

Todos los gobiernos divididos que ha tenido el Perú en el siglo XX y en el XXI han terminado en golpes militares, autogolpes, renuncias y golpes parlamentarios. La constitución de 1979 inventó un mecanismo de equilibrio de poderes para evitar los golpes de Estado: el Ejecutivo puede exigir al Congreso el voto de confianza sobre una determinada política o la estabilidad de un gabinete y si el Congreso lo niega por tres veces, el Ejecutivo puede disolverlo y llamar a nuevas elecciones parlamentarias. La Constitución de 1993 redujo la negación a dos veces en los cuatro primeros años de gobierno, pero dejó al Ejecutivo en la desprotección constitucional durante el último año de gobierno.

El caos político total que vivimos en 2020-2021 se debió a este pésimo diseño constitucional y a la indolencia irresponsable del TC que lo permitió. Los mediocres congresistas actuales y la Comisión de Constitución en manos del fujimorismo pretenden facilitar los golpes de Estado ad infinitum. ¡Oh tempora, oh mores!