Castillo contra el pueblo

La decisión no podía ser más obvia. Por un lado, un ministro del Interior insobornable, con una trayectoria impecable en el Ministerio Publico, símbolo viviente de la lucha contra la corrupción y contra los crímenes del fujimorismo. Todavía recuerdo como un hoy extinto Consejo de la Nacional Magistratura –de dudosa reputación– hizo lo imposible para sacarlo del concurso para ser nombrado fiscal supremo titular. Porque los honestos, los mejores profesionales, no la tienen fácil en la administración pública. Pero si hay un magistrado que logró imponerse, con autoridad e independencia, contra el régimen más corrupto de nuestra historia, es el hoy renunciante ministro del Interior Avelino Guillén, el ex fiscal que sustentó la acusación que llevó a Alberto Fujimori a una condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad.

Por otro lado, un ambicioso comandante general de la Policía Nacional, cuyo mayor mérito conocido es su ascendiente el círculo de paisanos y personajes mediocres que influyen en las decisiones del presidente Castillo, “el gabinete en la sombra” como lo ha llamado el renunciante Guillén en reciente entrevista en La República.

De acuerdo a IDL Reporteros, Javier Gallardo, el comandante en cuestión, habría sido presentado a Castillo antes de asumir dicho cargo por el congresista cajamarquino por Perú Libre Américo Gonza Castillo. Su otro mérito es haber logrado desmantelar las comisarías, en sí insuficientes, ordenando el traslado de un número inusitadamente alto de suboficiales, de ellas y de las “unidades de control y prevención”, a unidades como la Policía de Carreteras, o Tránsito, puestos más demandados por ser más “rentables” (se entiende, en un esquema cutrero). Esta información de IDL Reporteros ha sido corroborada en líneas generales por Guillén en la citada entrevista. En otras palabras, la actual ola de asaltos y crímenes urbanos cada vez más avezados no son el resultado de que la policía esté perdiendo la batalla contra la delincuencia, sino la consecuencia de decisiones promovidas desde lo alto, para no hablar de otros niveles de corrupción en Policía, como el mercado de asensos.

Ante la tensión entre el ministro del Interior y el comandante general de la Policía que se hizo pública en las ultimas semanas, Castillo tenía que tomar la decisión obvia: respaldar a su ministro. No solo porque la mejor prueba de los argumentos contra Gallardo está a la vista en las calles, sino porque el presidente está obligado a respetar y hacer respetar la integridad de las instituciones del Estado y sus jerarquías. Sin embargo, en un acto de profunda irresponsabilidad, el presidente evadió resolver el problema, llegando a declarar insólitamente en una entrevista que el ministro y el comandante general de la policía debían “resolver sus diferencias”. Dejó así que ‘escalara el conflicto hasta provocar la renuncia de Guillén, a la que, para colmo, a dos días de haberse producido, el presidente aún no ha respondido.

No es exagerado decir que Castillo, de no rectificar su actitud –y puede hacerlo, en tanto la renuncia de Guillén no es irrevocable— está en camino a consolidar su traición a ese “pueblo” al que tanto dice “escuchar”. Porque esta no sería la primera vez, aunque quizá sí la más temeraria, que blinda con su patética inacción a paisanos y allegados turbios, incluyendo los de Perú Libre, interesados en debilitar las instituciones policiales y judiciales a su conveniencia. Y quien paga el precio de este desvarío presidencial es justamente ese “pueblo” al que dice defender: los ciudadanos y ciudadanas que solo por caminar en la calle están expuestos hasta a perder la propia vida.

El presidente parece haber olvidado a quién le ganó la elección. No muestra ningún interés, más allá del retórico, en diferenciarse del fujimorismo. Parece haber olvidado que no solo le debe la presidencia a los que votaron por él sino a los funcionarios que, sin simpatizar ni remotamente con él, arriesgaron sus vidas para salvaguardar la integridad de la elección frente a la campaña que se propuso robar los votos de los peruanos más pobres con el falaz argumento de un fraude. El presidente, o adolece de amnesia, o es impermeable al razonamiento ético. Sea cual fuere su patología, su cura es urgente. De no rectificar su rumbo, sobrevendrá no solo su ruina sino la de millones de peruanos y peruanas.