Cascarones

Esta semana en la Comisión de Constitución del Congreso un grupo de bancadas intentó aprobar, felizmente sin éxito, varios cambios en las normas electorales para las elecciones regionales y municipales del 2022.

Excusándose en la pandemia, las normas que se pretendían modificar eran aquellas dictadas a partir de los esfuerzos de reforma política del 2018, que buscaban fortalecer nuestro sistema de partidos y con ello la representación democrática en el país.

De las seis “contrarreformas”, la primera en llamar la atención fue la que buscaba anular para este proceso electoral la obligación de llevar a cabo elecciones primarias abiertas de los partidos para elegir a las candidaturas a gobiernos regionales y alcaldías. Esto permitiría a las cúpulas de los partidos mantener el control de las listas, eligiendo a dedo y buscando a “candidateables” para unirse a sus filas a última hora, manteniendo, además, esa “caja b” que en muchas organizaciones políticas es la cuota por candidatura.

Se pretendía también suspender la cancelación de la inscripción de las organizaciones por no tener un mínimo de comités o afiliados, así como la obligación de postular a un mínimo de regiones, provincias y distritos a nivel nacional. Es decir, los partidos políticos podrían mantener su inscripción y legalidad sin hacer ningún esfuerzo por garantizar su legitimidad y real representatividad.

Si bien se puede conceptualizar a los partidos políticos como “cualquier grupo político que se presenta a competir en elecciones y puede colocar mediante ellas a sus candidatos en cargos públicos” (G. Sartori), también se reconoce que las democracias modernas, como sigue intentando ser la nuestra, colocan en los partidos el rol de mediadores entre la ciudadanía, a la que representan, y el Estado. Pero esta representación no se limita a lo “electoral”. La democracia no se reduce a lo electoral, sino que requiere que los partidos sean espacios activos de construcción de proyectos de país, de discusión política y de formación de liderazgos públicos.

Para ello los partidos políticos debiesen tener una vocación de presencia y representatividad en el territorio (no basta con tener bases en la capital para decirse partido nacional), y de afiliación y formación de militantes (que son quienes luego postulan en las primarias).

Lo contrario son esos garajes con un letrero colgando entre telarañas, padrones de afiliados fantasmas y una incesante carrera por fichar líderes sin partido a los que se les ofrece la inscripción para, con su triunfo, mantener la ilusión de la representatividad. Se trata, pues, no de partidos políticos, sino de partidos cascarón.

Por eso es tan importante garantizar la no postergación del cumplimiento de las leyes electorales, porque son “la valla que permite distinguir partidos y movimientos regionales representativos de los cascarones” (M. Tanaka).

Vale la pena recordar que, para promover esta calidad de representación, desde hace 5 años los partidos políticos inscritos reciben fondos para la formación de sus afiliados y el fortalecimiento de sus bases, las mismas con las que luego se realizan las primarias abiertas. ¿Cuánto han invertido realmente en esto? ¿Tienen nuestros partidos políticos actuales las condiciones para cumplir con las leyes de la reforma política? El congresista Diego Bazán de Avanza País, que votó a favor de las contrarreformas en la Comisión y el Pleno, ha reconocido con cándida honestidad que “si no permitimos que este proyecto continúe, vamos a tener 3 o 4 partidos”. El suyo seguro no sería uno de ellos.

Lo que sí han logrado aprobar los congresistas es la ampliación del plazo para realizar reformas electorales, como estas y quién sabe cuáles más, por 30 días. Sigamos alertas si no queremos que nos sigan gobernando los cascarones.