Lurín y el Plan Metropolitano

En los últimos meses la Municipalidad Metropolitana de Lima se viene mordiendo la cola. Por un lado, y con fondos del Ministerio de Vivienda, se encuentra desarrollando el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano, entre marchas y contramarchas, con un proceso que es todo menos participativo y transparente. Sin embargo, simultáneamente, la propia municipalidad sabotea la elaboración de su plan desde la misma instancia que lo coordina, el IMP, donde se gestionan Reajustes Integrales de Zonificación.

La zonificación debe nacer de los Planes de Desarrollo Urbano, como lo dice el artículo 12 de la Ordenanza 1862, que ratifica el art. 20 definiendo la aprobación de los reajustes de zonificación como “obligatoria” en relación al Plan Metropolitano. No es técnica ni éticamente lógico que ambos procesos sucedan al mismo tiempo.

Según fuentes de la propia comuna limeña, el Plan Metropolitano estará listo entre abril y mayo del 2021, en menos de seis meses, pero desde la Comisión de Regidores, presidida por el teniente alcalde, se viene impulsando con una insistencia más que sospechosa, un Reajuste Integral de Zonificación para el distrito de Lurín con modificaciones lesivas para el Valle de Pachacámac, sin esperar la culminación de un estudio que integraría más aspectos que solo el uso de suelo e incluiría especialistas de distintas disciplinas que permitirían, por ejemplo, analizar la propuesta de una Parque Ecológico Metropolitano que tanto requiere Lima y que corresponde a las decisiones de un plan metropolitano como el que se encuentra en plena elaboración.

Es imprescindible que la municipalidad suspenda el trámite del reajuste de Lurín y deje al equipo del plan que culmine su proceso y plantee las condiciones del valle en relación a toda la metrópoli. No es posible que se aproveche el mínimo vacío legal y desde las propias instituciones del Estado se actúe de manera apresurada y sin justificación alguna, para introducir cambios que debilitan las medidas de protección sostenidas en las últimas décadas sobre el valle, sin mayor sustento técnico y sin la opinión favorable de la ciudadanía.

Algunos de los perjuicios que causaría la aprobación del reajuste de zonificación son: la afectación notoria de áreas naturales o predominantemente verdes con zonificación CH2 (Casas Huertas) que cambiarían a residencial de densidad media, como las existentes en cualquier zona urbana de la capital. De otro lado la desaparición de Zonas de Tratamiento Especial (ZTE) con predominio de verde que pasan a Comercio Especializado (CE). Así mismo, parte del litoral que tienen una zonificación de Residencial de Densidad Media (RDM) pasaría a Comercio Metropolitano (CM) con usos intensivos como los correspondientes a las zonas más densas de la ciudad.

Esto sin mencionar pequeños cambios del índice de usos en los alrededores de la zona arqueológica del Santuario de Pachacámac. Esto viene siendo denunciado por un grupo de urbanistas, ecólogos y defensores del valle en los últimos meses, contando con el apoyo de la Comisión de Medio Ambiente y de cierta manera con la de los técnicos del Instituto Metropolitano de Planificación que ya van elaborando una tercera alternativa menos lesiva al valle para satisfacer las poco transparentes demandas de la Comisión de Regidores de Desarrollo Urbano.

Si desde la municipalidad se insiste en sacarle la vuelta al propio Plan Metropolitano, tal vez el Ministerio de Vivienda, ente supervisor de la planificación y financista del plan, debería tomar cartas en el asunto. ¡Entendamos de una vez por todas que no podemos seguir haciéndole daño a nuestro futuro!