Gasoducto: el que viene atrás, que arree

Las expectativas de los pueblos del sur y de la sierra central de contar con gas natural para sus domicilios, comercio, transporte automotor y desarrollo industrial se han visto, otra vez, frustradas. Al igual que en el 2011 y el 2016, el gas tendrá un rol importante en la campaña electoral.

El primer campanazo lo dio la española Naturgy al dejar la concesión de Arequipa, Moquegua y Tacna. Se van al arbitraje internacional y pedirían más de US$ 100 millones. El segundo fue la enésima postergación (la primera fue en el 2006) de la buena pro para la masificación en 7 de las regiones más pobres del Perú: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Junín, Puno y Ucayali.

El gobierno quiso tapar estos fracasos diciendo que el gasoducto de la sierra sur estaría listo para el 2025, año en que se encarecerían las tarifas eléctricas si a las centrales de Ilo y Mollendo no les llega gas. Pero desde que el GSP se cayó el 2017, el gobierno no lo relanza a pesar de que existen todos los estudios que lo validan. Se optó por un “nuevo estudio” para ganar tiempo y patear el proyecto. ¿Por qué?

Porque el ganador de la nueva licitación tendría que comprarles a Odebrecht, Enagas y GyM los tubos ya adquiridos por ellos, que valen unos US$ 1,200 millones. Y nadie quiere esa “papa caliente”. Es lo que explica la nueva fecha de licitación del SIT Gas (nuevo nombre del GSP): el II Trimestre del 2022. Está clarísimo: el que viene atrás, que arree.

El problema con Naturgy se origina porque, como no hay gasoducto, se optó por usar el gas de Peru LNG en Cañete y de allí llevarlo con cisternas hasta Arequipa. El mismo esquema rige para las ciudades del norte, donde está la colombiana Quavii. Pero eso sale carísimo porque, de un lado, hay que licuefactar ese gas en Cañete y después volverlo a regasificar en el punto de destino, a lo que se suma el alto costo de transporte por camiones.

Así, el gas en Arequipa cuesta el doble que en Lima y no compite con el GLP, que la gente entonces prefiere para cocinar y para los autos. Ese absurdo (¿se imaginan que la gasolina cueste el doble en Arequipa o Chiclayo que en Lima?) se resuelve con la “tarifa estampilla”, un mecanismo que iguala los precios a los hogares. Se sabe que Quavii, Naturgy y Contugas hicieron una propuesta de tarifa unitaria, la que no fue aceptada por el gobierno.

La “tarifa estampilla” es viable cuando hay una red de gasoductos en el país: esa es la condición sine qua non que permitió una verdadera masificación en Argentina, Bolivia y Colombia, con sus particularidades. Y esa red de gasoductos ha sido siempre la responsabilidad del Estado.

Pero aquí los sucesivos gobiernos han optado por la “masificación a puchos” con la modalidad de la APP, donde la empresa privada exige rentabilidad económica (lógico) cuando la masificación debe encararse con el criterio de rentabilidad social, pues otorga combustible barato a los hogares y promueve la igualdad (1).

Se ha querido extrapolar lo que sucedió en Lima. Pero el Perú no es Lima, que concentra el 50% del PBI y su gran consumo industrial y de centrales eléctricas genera los ingresos para masificar a domicilio. ¿Dónde están esos ingresos en Puno, Ayacucho o Apurímac? Ah, nos olvidábamos: Camisea no hubiera funcionado sin depreciación acelerada, el fraccionamiento de aranceles (7 años), la Garantía de la Red Principal del gasoducto y la garantía estatal de compra de gas por la central de Ventanilla.

¿Por qué Lima sí tuvo millonarios subsidios para tener gas y el resto del Perú no? ¿Acaso no se agrava el centralismo cuando los industriales de Arequipa y Chiclayo vienen a Lima porque ‘el gas barato hace rentable la inversión?’.

El proyecto integral del Gasoducto Sur Peruano –que incluye reservas y demanda– es clave para la masificación, la descentralización y la diversificación productiva. Hay que licitarlo, ya.

(1) Para leer el informe completo ver:

https://www.desco.org.pe/una-cuestion-de-confianza-serie-peru-hoy-n%C2%BA-35-setiembre-2019