Sin reforma
El Congreso de espaldas a cambios electorales mínimos.
A menos de tres semanas del cierre del plazo para que los cambios tengan validez en las elecciones del año 2021, el Congreso exhibe una inequívoca voluntad de no aprobar reformar esenciales que mejorarían la calidad de las elecciones.
Entre los cambios bloqueados se cuentan la reforma constitucional que impide postular a cargos de elección popular a personas sentenciadas en primera instancia, la eliminación del voto preferencial y una mayor transparencia en el financiamiento de los partidos políticos.
La reforma sobre impedimentos para postular es rechazada por Unión por el Perú (UPP) y Podemos Perú, que a pesar de haber votado a favor en la primera votación, presionados por la opinión pública, consideran que esta disposición podría impedir las candidaturas de Antauro Humala y Daniel Urresti, lideres de UPP y Podemos, respectivamente.
El vocero de UPP, José Vega Antonio, ha señalado que aprobar ahora un filtro electoral para sentenciados evitará que Humala postule el próximo año. Carlos Almerí, del partido de Urresti, señaló que su bancada votará en contra.
Sobre el voto preferencial, su defensa como supuesto mecanismo democrático es casi inexistente. Solo los sociólogos del fujimorismo insisten en sus bondades. Sin embargo, tres bancadas se resisten a dar el paso de suprimir este perverso mecanismo que ha dividido a los partidos, encarecido las campañas electorales y atraído a la política a personajes cuestionados. Ellas son Podemos Perú, Somos Perú y AP.
Los argumentos son risibles. Un legislador de Podemos, Aron Espinoza, señala: “Debe mantenerse el voto preferencial, pero que el 2026 ya no exista; el tema es puntual, ¿qué pasará cuando haya una lista cerrada?”, sin explicar por qué lo que puede ser bueno el 2026 no lo es ahora. Otro legislador, de Somos Perú, Luis Dioses, indica: “Es una reforma que tendría dificultades en su aplicación y podríamos plantear que sea para el siguiente proceso electoral. Necesita mayor debate y consenso”, a sabiendas de que el voto preferencial se debate hace más de 20 años.
Otro tanto sucede con el financiamiento; la mayoría de partidos le teme a la disposición que los obliga a bancarizar su actividad económica con la autorización expresa de acceso y supervisión por parte de la ONPE.
Es urgente que no se salgan con la suya nuevamente los representantes de la política aventurera y nefasta y que concurramos a unas elecciones de las que, otra vez, emergerá una representación ilegítima. Lo que se exige es una reforma mínima, y aún esa es resistida por grupos de espaldas a la transparencia.
