El éxodo, capítulo dos

Decenas de miles de peruanos han tomado las carreteras para retornar a sus pueblos, es decir a los territorios donde nacieron o vivieron más tiempo, y donde se sienten más seguros. No solo son caminantes, son desplazados internos o retornantes que huyen del desempleo y el hambre, los más vulnerables entre los vulnerables porque en su mayoría carecen de pan, techo y trabajo.

Su retorno forzado es la segunda parte de un proceso intenso escasamente abordado por los estudios de migración que se centran en el que migra para siempre; en este caso es la movilidad territorial en auge en la última década por el establecimiento de actividades localizadas también en auge, legales e ilegales, que permiten trabajos temporales de peruanos que retornan luego a sus hogares.

Como dato de este fenómeno, el censo del 2017 reportó casi 800 mil viviendas con ocupantes ausentes −no cerradas ni desocupadas−, mucho más que las 430 mil del censo del 2007, es decir un aumento de 84%. Esto podría indicar que por lo menos 2 millones de peruanos se movilizan desde sus pueblos por los menos una vez al año para realizar trabajos en la minería, legal e ilegal, agro, construcción, pesca, comercio, servicios, entre otros.

Algunos estudios han registrado la dinámica de esta movilidad, como la descentralización de la migración debido a nueva economía (Lima no es el único centro de atracción); la carencia del miedo a moverse en las nuevas generaciones y su predisposición para adaptarse a un nuevo contexto; la “experiencia móvil” de los jóvenes que cambian de trabajo frecuentemente dependiendo del precio de los jornales; y la creación de nuevos ejes que cubren en su recorrido más de una región (hallazgos de los trabajos de Tania Vásquez Luque, del IEP).

A diferencia del desplazamiento durante la época de la violencia, los de la pandemia no son expulsados de sus hogares, sino que retornan a ellos. En el cortísimo plazo existe el riesgo de que este desplazamiento acelere el contagio, además de la extrema vulnerabilidad de los niños, aunque tomando en cuenta el largo ciclo pospandemia, el proceso presenta explosivos problemas en el mediano plazo, como la sobreoferta de mano de obra en las regiones, el incremento rápido de la pobreza, la incertidumbre en la educación de los hijos de los retornantes y el aumento de actividades ilegales.

Es probable que en estos días por lo menos medio millón de peruanos pugnen por retornar a sus pueblos. Sobre Cajamarca, su gobierno regional estima en 70 mil el número de retornantes, entendible si se considera que este departamento forma parte del grupo que ha perdido población entre los años 2007 y 2017. Los otros son Huancavelica, Puno, Huánuco, Pasco y Loreto.

¿Qué hacer frente al éxodo? De hecho, ellos serán beneficiarios del bono 760 que acaba de anunciar el presidente Vizcarra −una excelente noticia−, de modo que un porcentaje podrá desistir del retorno. Al resto no se le puede impedir el viaje sino facilitarlo, convirtiéndolo en una operación humanitaria quizás a cargo de las FFAA con la participación de las agencias humanitarias localizadas en el Perú, evitando el traslado del contagio pero garantizando un trato justo, en el estándar de los peruanos repatriados. Vale igual un peruano varado en Miami que otro en Chosica