Activistas sacan las uñas contra la retirada de gatos callejeros en Puerto Rico
La oenegé Save a Gato tiene seis meses para encontrar refugio a los felinos, o de lo contrario, el gobierno federal podría optar por medidas más drásticas. La comunidad se opone firmemente a esta decisión.
Un barrio del centro histórico de San Juan, la capital de Puerto Rico, es escenario estos días de una batalla por el desalojo de algunos de sus habitantes más emblemáticos: una colonia de unos 150 gatos callejeros cuya presencia se remonta, como mínimo, a mediados del siglo pasado.
Esos animales deambulan cada día por la zona del Morro, una fortificación militar construida en el siglo XVI, en la época colonial española. Para algunos son una atracción turística y un símbolo del lugar; pero para otros, como el servicio estadounidense de parques naturales (SPN), ha llegado la hora de expulsarlos.
Hace un par de años, esa autoridad federal, que gestiona El Morro y sus alrededores, presentó un plan para quitar a los felinos, alegando que eran "un posible vector de enfermedades".
Y en noviembre de 2023, ante la falta de avances, el SPN dio seis meses a Save a Gato, una oenegé que lleva dos décadas cuidando de los gatos callejeros y esterilizándolos, para que les buscara un refugio.
Si la asociación no cumplía con el plazo, el servicio de parques contrataría a una empresa para encontrar otra solución, aunque eso significara "atrapar y sacrificar" a los animales.
El anuncio indignó a los defensores de los felinos, que acusan al gobierno federal -Puerto Rico es un territorio estadounidense no incorporado- de ser intransigente.
"Estamos dispuestos a entablar un plan que atienda sus preocupaciones, pero manteniendo la vida y el bienestar de los animales", dice Ana María Salicrup, secretaria de la junta de directores de Save a Gato.
Acciones legales
El enfrentamiento llegó a los tribunales en marzo pasado, cuando la organización Alley Cat Allies, de Maryland (noreste de Estados Unidos), presentó una demanda contra el proyecto del SPN, alegando que violaba la ley nacional de política ambiental.
La decisión llevó a la agencia federal a detener su plan -cuyo inicio estaba previsto para el 1 de octubre-, hasta que la justicia decida sobre su legalidad.
"Por alguna razón que nunca han explicado bien, para los agentes federales, la única solución es matar a los gatos. Eso es ilegal, inhumano y no tiene sentido", asegura Yonaton Aronoff, abogado de Alley Cat Allies.
Mientras se resuelve su destino en los tribunales, los gatos del Morro siguen a lo suyo. Es imposible caminar por el barrio, junto a la bahía de San Juan, sin encontrarse con ellos. Los hay blancos y negros, pelirrojos, atigrados.
Algunos observan a los visitantes con recelo; otros, más atrevidos, se acercan a ellos y reciben sus caricias.
Desde que surgió la polémica, muchos vecinos, comerciantes y turistas se han opuesto a la remoción de esos animales.
"No me molestan; al contrario, me ayudan en el negocio", dice Lucas Osorio, dueño de una tienda en el Viejo San Juan. "Además aquí no hay ratas, no hay plagas".
Otro habitante del barrio, Mark McCullough, entiende que el gobierno federal quiera la retirada de los felinos, aunque admite que "sería triste verlos desaparecer".
Para este arquitecto originario de Luisiana, los gatos son una parte esencial del centro histórico de San Juan.
"Sabemos que los puertorriqueños adoran a los gatos y no están de acuerdo con el plan", afirma el abogado Aronoff, que anima a los habitantes a defender a los animales.
