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FARC reconoció seis crímenes de 1995: el asesinato de un excandidato presidencial

Agencia AFP

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03 Oct 2020 | 18:01 h
Álvaro Gómez, excandidato presidencial de Colombia. Foto: El Espectador.
Álvaro Gómez, excandidato presidencial de Colombia. Foto: El Espectador.

La carta de la exorganización guerrillera sorprendió a Colombia luego de creer por muchos años que el ataque a Álvaro Gómez fue por parte de políticos y narcotraficantes.

La exguerrilla FARC reconoció su responsabilidad en seis sonados crímenes de 1995, incluido el magnicidio del excandidato presidencial conservador Álvaro Gómez en Bogotá, según una carta que enviaron los antiguos rebeldes a la Justicia de Paz.

En un comunicado difundido el sábado 3 de octubre, el tribunal que investiga los peores delitos cometidos durante el conflicto colombiano dijo que la otrora organización armada ofreció en la misiva “aportar verdad, esclarecer los hechos ocurridos y asumir tempranamente la responsabilidad” en varios casos.

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Uno de ellos es el magnicidio de Álvaro Gómez. Además, los asesinatos del general retirado del ejército Fernando Landázabal, en 1998, y del exconsejero de paz Jesús Antonio Bejarano en 1999 también habrían sido cometidos por esa agrupación.

El anuncio causó sorpresa y revuelo en un país que por muchos años creyó que detrás del ataque contra Gómez, uno de los principales dirigentes conservadores del siglo XX, estuvieron políticos rivales aliados con militares y narcotraficantes.

La justicia declaró el caso como “crimen de lesa humanidad” para evitar que prescribiera la investigación hasta encontrar a los responsables.

La explosiva carta de la exguerrilla fue recibida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) el 30 de septiembre, y está firmada por los excomandantes rebeldes Julián Gallo, Pastor Alape y Pablo Catatumbo.

Gallo y Catatumbo representan a la antigua guerrilla en el Congreso colombiano, en escaños que asumieron como parte de los acuerdos de paz de 2016 que terminaron con un conflicto de casi seis décadas.

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La que fuera la organización rebelde dejó las armas y se convirtió en partido político, a cambio de someterse a la JEP.

Los comandantes que confiesen sus crímenes y reparen a sus víctimas recibirán penas alternativas a la prisión. Si incumplen con sus compromisos se exponen a penas de hasta 20 años de cárcel.

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