La paz en Colombia es la paz en la región

En días pasados (29/09/19), la cancillería peruana emitió un comunicado rechazando y condenando el reinicio de la lucha armada por un sector de las FARC en Colombia, por ser “una clara violación de los acuerdos de paz de 2016”. Asimismo, a toda forma de terrorismo, a los grupos criminales y el narcoterrorismo. El comunicado termina dando “su firme respaldo a los esfuerzos que realiza el gobierno colombiano para la implementación del acuerdo de paz”.

Por otro lado, en esos días un grupo de parlamentarios de la región reunidos en la Argentina (Cumbre de las Américas de Legislaturas Transparentes) opinó sobre el mismo tema, pero en un sentido un tanto distinto. Se solidarizan con el pueblo colombiano, pero no con el presidente Iván Duque. No hablan de amenaza de grupos terroristas sino de amenaza de “grupos irregulares”. Finalmente hacen un llamado a los “gobiernos democráticos a mantenerse vigilantes para evitar que los enemigos de la paz utilicen los territorios latinoamericanos para albergar irregulares”. El comunicado firmado, entre otros, por el congresista peruano Jorge del Castillo, afirma además que Nicolás Maduro es un “dictador” y expresa su respaldo a Juan Guaidó.

El New York Times por su parte tiene también una interpretación diferente del tema, sostiene que la causa del retorno de la violencia en Colombia es “principalmente por el poco apoyo político que ha tenido el acuerdo (de paz) tanto en Colombia como EEUU, desde que Iván Duque y Donald Trump llegaron al poder en 2018 y 2017 respectivamente” (30/08/19). Ya en junio de este año la ONU expresaba su “preocupación” porque la paz en Colombia estaba “en riesgo”.

Colombia es pues un laberinto político que exige un análisis más complejo. Este país vive una guerra civil desde hace más de 70 años que comenzó con el llamado “bogotazo” en 1948 y hasta ahora no se detiene. Lo que cambia son los actores. En este contexto la decisión de Iván Márquez (el segundo de las FARC y negociador del acuerdo de paz) está vinculada no solo al bloqueo (o fracaso) del acuerdo de paz sino también a que empezaba a repetirse la experiencia traumática que vivió la Unión Patriótica (UP), cuando uno de los sectores que la conformó dejó las armas para terminar siendo “exterminado políticamente” por los grupos paramilitares, las fuerzas del orden y los narcotraficantes en los años 80.

Sin embargo, lo más importante de esta crisis son sus posibles consecuencias internacionales. El mismo día en que Márquez anunciaba el regreso a la lucha armada, el presidente Duque afirmaba que Nicolás Maduro era el principal responsable de armar a una “banda de criminales narcoterroristas”. Lo mismo dijo del ELN luego de romper las negociaciones de paz que el expresidente Santos inició con este grupo. Y si a ello le sumamos la creación en Colombia, por parte de los EEUU, de una Unidad de Asuntos de Venezuela, no es difícil pensar lo que puede ocurrir. No es casual en ese sentido que Venezuela se haya mostrado preocupada por el reinicio del conflicto armado en Colombia.

Hoy Colombia es un campo minado. El reinicio de la guerra por Márquez, decisión que los dirigentes de las FARC han rechazado y calificado de toda una “vergüenza” y por la que piden perdón, puede ser en poco tiempo una parte de una guerra mayor en la región. En este contexto el comunicado de Torre Tagle está lejos de contribuir a la paz y más bien atiza el conflicto.