Más de 200 esperan al gobierno en este año que comienza. Superarlos es indispensable.,El 2017 trae, además de desafíos económicos, una ola de conflictos sociales que, aun cuando son ya un signo de los tiempos en el Perú, no dejan de ser un asunto inevitable para el actual gobierno. Según la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo, para noviembre del 2016 eran 213 en total. Esa es la carga con la que comienza este período y, como ha sido en los últimos años, la mayoría de ellos (69.5%) son socio-ambientales, lo que revela que el Estado todavía no encuentra el punto de equilibrio entre la necesaria inversión para explotar nuestros recursos naturales y la estabilidad social. No, por lo menos, de manera permanente. Un conflicto que ha dejado lecciones al Ejecutivo es el de Saramurillo, una zona del distrito de Urarinas (provincia de Loreto, departamento de Loreto). Las comunidades indígenas asentadas allí protestaron, por más de 100 días, debido a los derrames en el Oleoducto Nor-Peruano. La acción de fuerza implicó incluso el bloqueo del río Marañón. En el día 115, mientras en Lima eran otras las preocupaciones, el paro fue levantado, gracias sobre todo a la acción de los ministros de la Producción, Bruno Giuffra, y de Justicia, Marisol Pérez Tello, así como a la presencia del Premier Fernando Zavala. La conciliación llegó por acuerdos que incluían varios beneficios para las comunidades. Entre ellos proyectos de acuicultura y compensaciones por el efecto de los derrames. Pero quizás lo más importante fue lo que dijo James Rodríguez, apu de Saramurillo, al final de la negociación: que era un triunfo para las comunidades y para el gobierno. En otras palabras, que es posible manejar los conflictos sin aplastar a una de las partes. Entre las dos centenas de conflictos, activos o en estado latente, hay varios que tienen en el medio un elemento que es gravitante: el agua. El propio Rolando Luque, jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad (ONDS) de la Presidencia del Consejo de Ministros lo cree así y por eso ha llamado a poner atención en ese recurso vital. Un conflicto potencialmente explosivo, centrado en el manejo hídrico, es la construcción de la represa de Paltuture, ubicada en los límites de las sierras moqueguana y puneña, y destinado a abastecer de agua al valle arequipeño del Tambo. Las autoridades puneñas han amenazado con frenar la ejecución de la obra si no se les incluye en el mismo. Otro es Las Bambas. Si bien ha amainado –gracias a la actuación del vicepresidente Martín Vizcarra– podría volver a encenderse si no se pone en marcha el plan de desarrollo ofrecido por el gobierno a los pobladores de la provincia apurimeña de Cotabambas, donde está el proyecto minero que maneja la empresa de capitales chinos MMG. Los dirigentes, sin embargo, piden renegociar el contrato, algo que puede desatar nuevamente la tensión. No parece casual que sea precisamente Apurímac el departamento donde se registran más conflictos (25), seguido de Áncash (23). De acuerdo a la Defensoría, solo en la Provincia Constitucional de El Callao no existen conflictos sociales. Hay una serie de proyectos en las regiones del país que deben ser “destrabados”. La inversión se hace necesaria, para diversos fines, pero como lo sugiere el mismo nombre del organismo del gobierno encargado del diálogo en caso de conflictos debe apostarse por lo “sostenible”. Nada avanzará sin tener en cuenta la voz y el sentir de la población.
