El fin de algo: lo que le espera al país de cara a la proclamación del nuevo presidente

Nueve días después de celebrados los comicios, y con insólitas acusaciones de fraude como la resaca de todo lo sufrido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) actualizó los resultados finales de las Elecciones Generales 2021, al 100% de actas procesadas y contabilizadas, y dio como virtual ganador al líder de Perú Libre, Pedro Castillo Terrones. El docente rural obtuvo el respaldo del 50,125% de los ciudadanos, mientras que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se quedó con un 49,875%. La diferencia exacta entre ambos es de 43.998 votos, 882.200 soles en recursos de nulidad, un pedido de 30 años de cárcel por parte de la Fiscalía y un cerrón de lastres en la mochila.

La insoportable levedad de impugnar

“Es un fraude en la mesa que consideramos inaceptable”, dijo Fujimori luego de haber celebrado el flash electoral un día antes y haber sufrido el conteo rápido la misma noche. “Esto es planificado, sistemático y por eso es importante alertar a la ciudadanía para que nos alerten si hay otros sucesos en las regiones”, agregó.

Así se inauguro una serie de ataques a mansalva por parte de los simpatizantes fujimoristas que salieron a las calles a defender una democracia en donde la derrota no solo es una lisura, sino, por defecto, una irregularidad.

De acuerdo con el gerente de Comunicaciones y Relaciones Corporativas de la ONPE, Benito Portocarrero, este organismo ya ha cumplido con su labor. No obstante, falta todavía la decisión final del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tiene que resolver una serie de apelaciones que llegaron casi en faldas y que dilata el anuncio del nuevo presidente.

“Hemos contabilizado todos los votos de las actas. Pero Fuerza Popular ha presentado apelaciones sobre estas al Jurado Nacional de Elecciones. Al finalizar este proceso se proclama recién al presidente, porque aún el JNE le puede dar la razón a las apelaciones y tendríamos que retirar los votos. Es el JNE quien nos dice: ´Retiren esos votos´. Y tenemos que retirar”, declaró Portocarrero para La República.

Según el JNE, hay un total de 270 pedidos de nulidad que han sido formulados dentro del plazo establecido, que venció a las 8.00 p. m. del pasado miércoles 9 de junio. Fuera del tiempo señalado se han presentado más requerimientos de este tipo, “los cuales también vienen siendo calificados por los Jurados Electorales Especiales”.

Julio César Silva Meneses, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral y ex asesor del Pleno del JNE, afirma que la cantidad de actas anuladas de oficio por la ONPE es pequeña (221 de 86.488 actas procesadas); por tanto, “refleja un proceso con miembros de mesa capacitados que han podido dar la talla”.

El retraso entonces, lejos de involucrar algún demérito de los organismos electorales, viene por el lado de las actas observadas y las nulidades de mesa, pues la cantidad con respecto a comicios anteriores resulta un poco inflamada, como si se pretendiera ganar a destajo y por cansancio, a la criolla, a punta de impugnaciones, guitarra y cajón.

“Hay 1.196 solicitudes de nulidades de mesa de sufragio. Es una situación poco usual, inédita y extraordinaria que se haya presentado esa cantidad. En las elecciones del 2016 hubo en total, entre la primera y segunda vuelta, 25 pedidos de este recurso, mientras que en el 2011 solo hubo seis”, agrega Silva.

El señor Presidente

Por el momento, el virtual presidente electo Pedro Castillo tendrá que seguir siendo virtual presidente y no señor presidente hasta que lo alienten con el premio de la patria o lo amenacen con la demanda. Esto, al menos, de manera formal. Sin embargo, si se tiene en cuenta que en octubre de 2020, hace dos jefes de estado, el Instituto Peruano de Economía indicó que la tasa de informalidad en el país había llegado al 74,3%, no sería inútil la sospecha de que incluso con la banda puesta cualquier cosa puede suceder.

Para que se emita un resultado oficial, el Jurado Nacional de Elecciones tiene que resolver todos los pedidos de nulidad, ya que “no puede impedir a un partido político la posibilidad de presentar este recurso, así esté fuera de fecha. Tiene la obligación de recibirlos y, en todo caso, desestimarlos”, aclara Silva Meneses.

“Todavía no se puede proclamar a un ganador de la elección presidencial porque está en trámite actas observadas y nulidades. Mientras no se resuelvan los pedidos de nulidad que los partidos presentaron a los Jurados Electorales Especiales, hasta que no se resuelva el último recurso de apelación, la ONPE no puede remitirle al JNE los resultados oficiales y el JNE no puede proclamar a un ganador”, añade.

Mientras tanto, el peligroso susurro del fraude seguirá extendiendo sus llamas hasta que la oficialidad mitigue el incendio. Y no, no es una corazonada.

La fiesta del chino

La fiesta no acaba hasta que se apague la música y la orquesta, esta vez, la dirige Fuerza Popular. Para que se acabe el ‘mambo’, o bien tendría que nevar en Lima o bien el partido fujimorista tendría que recular, reconocer, desandar y ponerle un freno a toda la parafernalia del fraude. Lo que suceda primero.

“Yo estimo que a fines de junio o principios de julio podrían llegar a resolver todos los pedidos y declarar oficialmente al nuevo presidente. También va a depender de los ánimos de Fuerza Popular. Si hay un ánimo de reconocer o de ver que la diferencia ya no va a poder ser remontada, entonces ya no presentarían recursos de apelación sobre las nulidades”, aclara Silva Meneses.

Ante una posible anulación de las elecciones, el presidente de la Asociación Peruana de Derecho Electoral y exasesor del Pleno del JNE sostiene que es totalmente inviable, pues no tiene respaldo constitucional y sería imposible cerrar los órganos autónomos del Estado para crear una nueva Constitución a medida. ¿O no?

“Esa posibilidad hay que descartar de plano (anular las elecciones). No tiene ningún sustento normativo ni asidero legal. Solo procede frente a determinados supuestos en la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones. Y son supuestos que no están referidos a imputaciones de supuesto fraude o desconfianza. Estas denuncias de fraude no están previstas. Es un imposible jurídico y no tienen una base legal”, concluye.

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