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CNDDHH rechaza protestas en casa de Pérez por parte de turbas fujimoristas

Asimismo, el organismo exhortó a la Fiscalía “a poner fin a estos actos delictivos” e investigar vínculos de protestantes con Fuerza Popular tras incidentes en casa del presidente del JNE.

Colectivo 1. Ante la vivienda del fiscal José Domingo Pérez. Foto: Anthony Melgarejo / La República
Colectivo 1. Ante la vivienda del fiscal José Domingo Pérez. Foto: Anthony Melgarejo / La República

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) mostró su solidaridad con el fiscal José Domingo Pérez, quien sufrió un amedrentamiento por parte de simpatizantes fujimoristas la noche del viernes 11 de junio en los exteriores de su domicilio en Miraflores.

Esto, luego de que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, haya cuestionado al fiscal por pedir que se le retire su actual condición y vuelva a prisión preventiva con incumplir reglas de conducta.

De igual manera, la CNDDHH expresó su rechazo contra el plantón realizado por cientos de personas, en claro apoyo a Fujimori Higuchi, afuera de la casa del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, en San Borja.

En efecto pues con trompetas, bombos, platillos, y banderolas, cientos de simpatizantes del fujimorismo estuvieron alterando el orden público y generaron aglomeración luego de las 9.00 p. m., horario restringido para estar en las calles por el toque de queda el jueves.

“Nuestra total solidaridad con las víctimas del totalitarismo político. Protestar frente a la casa de una persona para hacerle la vida imposible es delito de acoso”, se lee en la publicación de la CNDDHH difundida en sus redes sociales este domingo.

Seguidamente, el organismo también se mostró en contra de las amenazas surgidas por convocatorias en redes sociales (incluso pidiendo conseguir sus teléfonos y dirección) contra el exministro y excanciller Diego García Sayán, la excandidata al Congreso por el Partido Morado, Patricia Gamarra y el exregidor de la Municipalidad de Lima, Augusto Rey, así como los insultos hacia la periodista Jacqueline Fowks.

“Amenazar a una persona para que deje de expresar sus ideas o no realice su labor es delito de coacción. Alentar a que otras personas a que hagan lo mismo es instigación al delito”, sostuvo.

Finalmente, la CNDDHH exhortó al Ministerio Público “a poner fin a estos actos delictivos” e investigar vínculos de protestantes con la organización Fuerza Popular tras los incidentes y amenazas expuestas.

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