Keiko Fujimori, una candidata bajo sospecha judicial

Desde adolescente se preparó para liderar y gobernar, pero Keiko Fujimori Higuchi hoy tiene más problemas con la justicia que posibilidades de ganar una elección a la presidencia.

Su pasado familiar e identidad política la han orillado a enfrentar una grave acusación: dirigir una organización criminal de lavado de dinero sucio, a través de las actividades políticas de Fuerza Popular, con el objetivo de tener poder para beneficio de los que realizan los aportes ilícitos.

Aun faltan algunos años para saber si esto se logrará demostrar en un juicio. La acusación fiscal recién estaría lista hacia finales del 2021. Pero el Equipo fiscal Lava Jato ha desarrollado una convincente hipótesis que convence a la mayoría de la población y a muchos jueces que esa descripción es la realidad, más allá del juicio futuro.

Los cargos

De acuerdo con la hipótesis del fiscal José Domingo Pérez, el año 2006, Fujimori Higuchi constituyó un grupo criminal que se mimetizó en la estructura partidaria y dirigencial de Fuerza 2011 y Fuerza Popular.

Su “aprendizaje en el delito”, de acuerdo con el fiscal, se dio entre 1994 al 2000, cuando en el régimen de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos ella se desempeñó como primera dama de la Nación. La referencia que hace el fiscal no es solo histórica, sino que se sirve de las condenas por corrupción, asesinato y violación de derechos humanos que cumplen su padre y Montesinos.

A partir de ese paso, es que habría considerado a la política para sus fines criminales, lo que le permitió ser congresista, entre el 2006 al 2011, candidata a la presidencia en las elecciones generales del 2011 y 2016 y tener mayoría en el Congreso del 2016.

Al pedir la suspensión de Fuerza Popular, el fiscal sostiene que esta estructura criminal sigue activa y es un peligro real para las elecciones generales del 2021 y municipales y regionales del 2022.

Colaboradores

Para probar su hipótesis, la Fiscalía ha captado a 20 aspirantes a la colaboración eficaz, testigos y documentos bancarios, a partir de los cuales establece como hechos incontrovertibles tres puntos principales:

1) Los aportes de campaña realizados por la constructora Odebrecht y de otras empresas de manera no regular, en las campañas 2011 y 2016 tenían un fin ilícito: un millón 200 mil dólares entregados por Odebrecht, aportes de origen desconocido por US$ 580.702 que llegaron del extranjero y los US$ 3.650.000 entregados por Dionisio Romero Paoletti y el grupo Crédito.

2) La existencia de una larga lista de “falsos aportantes”, rifas y cocteles no fiscalizados que permitirían introducir ese flujo de dinero en las finanzas del partido. 3) La misma forma de organización y objetivos de Fuerza Popular dónde Keiko Fujimori tomaría todas las decisiones.

Pero aún le falta establecer algunos detalles claves a nivel jurídico: ¿aportes no regulares constituyen una modalidad de lavado de activos? ¿Keiko sabía que estaba recibiendo dinero ilícito? ¿El delito se consumó?

La acusación fiscal estará el 2021

Aunque el Equipo fiscal Lava Jato ha anunciado que el fiscal José Domingo Pérez presentaría acusación contra Fujimori y Fuerza Popular en un futuro próximo, lo más probable es que esto no suceda hasta octubre del 2021.

Aun faltan algunas diligencias, como los peritajes contables, claves en un caso de lavado de activos, y diversos testimonios. El fiscal podría acusar antes, pero voces independientes consideran que apresurarse podría ser perjudicial, pues hay muchas aristas sin definir. En todo caso, lo que decida el juez Víctor Zúñiga sobre Fuerza Popular podría ser decisivo.

La cúpula, según la fiscalía.

• Keiko Fujimori Higuchi
• Mark Vito
• Ana Herz Garfias de Vega
• Jaime Yoshiyama Tanaka
• Pier Figari Mendoza
• Vicente Silva Checa
• Adriana Tarazona Cortés
• Carmela Paucará Paxi
• Augusto Bedoya Camere
• José Chlimper Ackerman
• Antonietta Gutiérrez Rosati
• Jorge Trelles Montero
• Giancarlo Bertini Vivanco

Hay faltas al debido proceso

Enfoque por Giulliana Loza Ávalos, abogada

Luego de más de 5 años de iniciadas las diligencias preliminares en octubre de 2015 y formalizada la investigación en el 2018, nos enfrentamos, en plena campaña electoral, al mediático anuncio de una acusación.

En este tiempo, hemos soportado una constante cadena de afectaciones al debido proceso. Desde la presunción de inocencia lesionada al presentar a Keiko con un chaleco de detenida hasta llevarla a prisión en tres oportunidades en base a dichos de aspirantes a colaboradores eficaces o de testigos protegidos, no corroborados y que se fueron adecuando a la tesis de la fiscalía e incluso filtradas a la prensa en momentos en los que se decidía la situación jurídica de Keiko, con el propósito de evitar que pueda recuperar su libertad.

Colaborar con la investigación, aquí, es considerado un acto de dilación u obstrucción. Reclamar poder entregar voluntariamente documentación útil para la investigación ha sido calificada como un acto temerario. Incluso, el pedir copias de la carpeta fue considerado un acto de mala fe procesal. El ejercicio legítimo de un derecho constitucional, como es el de defensa, jamás antes había sido utilizado para sostener equivocadamente que los investigados realizan actos contrarios al proceso.

Pero ello no queda ahí, sino que se pretende cerrar una investigación sin haberse permitido a los peritos de parte presenciar y con ello poder observar las operaciones periciales de los peritos de oficio. Éstas entre otras, han sido las más recientes afectaciones al debido proceso que hemos reclamado vía tutela y estamos a la espera de audiencia. Un caso en el que la imputación fiscal por lavado de activos adolece de serios defectos en su construcción, conforme lo declaró la Sala Penal de Apelaciones el pasado 30 de abril cuando dispuso la libertad de Keiko, pretende ser llevado a juzgamiento. Sin duda, de acusarse, la fase intermedia será una en la que se evidencien estas y otras inconsistencias técnicas y probatorias.

En estos años, además, Fuerza Popular se convirtió en el primer partido político en ser intervenido, se allanaron hasta en dos oportunidades sus locales partidarios y hoy enfrenta un pedido de suspensión de sus actividades políticas que, de ser aceptado, lo sacaría de la contienda electoral. ¿Será ese acaso el verdadero propósito de la fiscalía? Me pregunto si, al no haber logrado mantener en prisión a Keiko, la fiscalía por ello se ha dirigido a requerir tan desproporcionada y arbitraria medida. Si ello fuera así, y muchos lo afirman, sería una intromisión en el escenario político nacional. La política judicializada se convertiría en un instrumento atentatorio a la democracia.

Así cerramos este 5to año de investigación, con afectaciones al debido proceso y pedidos lesivos al derecho a elegir y ser elegido y, con el anuncio de una acusación que no encuentra un rumbo sólido más allá de los protagónicos y mediáticos anuncios fiscales. El debido proceso le asiste a todo ciudadano, sin importar su nombre, sea político o no. Los derechos son para todos y deben ser estrictamente respetados por todos, incluyendo a los fiscales que por mandato constitucional son los defensores de la legalidad..

Newsletter Política LR

Suscríbete aquí al boletín Política La República y recibe a diario en tu correo electrónico las noticias más destacadas de los temas que marcan la agenda nacional.