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Congreso determinaría hoy topes a las tasas de interés

Ani Lu Torres

La norma generaría incentivos para que las instituciones financieras en el país trasladen los costos operativos del crédito a través de otros mecanismos al cliente. Foto: difusión
La norma generaría incentivos para que las instituciones financieras en el país trasladen los costos operativos del crédito a través de otros mecanismos al cliente. Foto: difusión

Financiero. Dictamen de insistencia aprobado solo por la Comisión de Defensa del Consumidor fue agendado en el Pleno. Actualmente, la tasa de costo efectivo anual (TCEA) puede llegar al 136,7%, mientras que la tasa por depósitos del ahorrista es de solo 0,123%.

El Pleno del Congreso agendó para su sesión de hoy la votación del dictamen de insistencia de la ley contra la usura en el sistema financiero. De alcanzar el apoyo parlamentario requerido, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) estaría facultado a fijar las tasas de interés máximas cada seis meses.

Sin embargo, todavía no está claro si el Ejecutivo recurriría al Tribunal Constitucional para evitar la aplicación de la norma. Cabe señalar que cuando se aprobó por primera vez esta ley, en diciembre del año pasado, el Gobierno decidió observarla.

Entre sus argumentos, el Ejecutivo advierte que serían las entidades microfinancieras (cajas rurales, edypymes, etc.) –que dan crédito en conjunto a más de 4,3 millones de peruanos– las más perjudicadas con la determinación de topes de las tasas.

Además, que la norma generaría incentivos para que las 54 instituciones financieras que hay en el país trasladen los costos operativos del crédito a través de otros mecanismos al cliente.

“Si se ponen topes, los bancos no otorgarán créditos a clientes con perfiles de alto riesgo, como aquellos que trabajan en la informalidad”, señala el profesor de economía de la Universidad del Pacífico, Enrique Castellanos, aunque reconoce que dichas entidades –que concentran el 90% de las operaciones financieras– se focalizan en los segmentos de población A, B, C y solo un poco en el D.

“Mi opinión es que esta ley va a perjudicar más que beneficiar”, anota Castellanos y agrega que se debe fortalecer el rol supervisor de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

No obstante, para la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, la SBS ha hecho poco para impulsar la competencia en el mercado que permita la reducción de las tasas. Así, por ejemplo, señala que se impone a las cajas municipales “excesivas restricciones” para competir con los bancos en la oferta de tarjetas de crédito.

Asimismo, indican que no se logrará la inclusión financiera hasta que se siga cobrando una tasa de costo efectivo anual (TCEA) de 135,49% para los créditos de consumo (al 10 de marzo, la TCEA máxima en el sistema financiero llega a 136,78%). Mientras que la tasa por depósitos del ahorrista es de solo 0,123%.

Regular, no prohibir

La insistencia de la iniciativa –que solo fue revisada en la Comisión de Defensa del Consumidor pese a que la Comisión de Economía pidió evaluarla– también incluye que la capitalización de los intereses y el cobro de penalidad u otra comisión de incumplimiento o atraso en el pago estarán prohibidos, pues sería cubierto con el interés moratorio, el que también sería fijado por el BCRP.

Al respecto, Enrique Castellanos opinó que sí existe base teórica para cobrar intereses sobre intereses, pero que debería regularse porque es demasiado onerosa, mas no prohibirse.

La futura ley incluye además que las instituciones financieras ofrezcan en su portafolio productos que permitan la devolución del seguro de desgravamen. Asimismo, que en los contratos de tarjetas de débito no procede el cobro de la comisión interplaza por retiro de dinero en efectivo a través de un cajero automático propio del banco.

A ello se sumaría que tampoco procede el cobro de membresía “salvo que las partes lo pacten”, sin perjuicio de los beneficios que se puedan ofrecer.

Infografía - La República

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