Gremios empresariales solicitan al Gobierno a cumplir con principio de legalidad

La República
13 M08 2019 | 10:57h


Los principales gremios empresariales del país, encabezados por Confiep, se dieron cita esta mañana para exhortar al Gobierno a cumplir con el principio de legalidad, tras la suspensión de la licencia de construcción del proyecto minero Tía María.

“En el país necesitamos cumplir con el principio de legalidad. Quienes tengan temores (sobre el proyecto) se les debe brindar la información técnica que les permita entender si hay o no afectación. [...] En esta conferencia nosotros creemos en la democracia, creemos en marco constitucional, que todas las acciones que se lleven adelante se haga respetando el marco constitucional. El modelo no ha fallado, sino autoridades”, declaró temprano la presidenta de la Confiep, María Isabel León.

Además, la presidente del gremio se refirió que desde el lado privado se busca que se respete el marco constitucional. "Que sea un país predictible, que nos permita que la inversión siga adelante. La inversión privada es la que genera los puestos de trabajo que los jóvenes necesitan cada año, 500 mil cada año que salen a buscar trabajo.

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Incluso, señaló que la “modernización laboral”, que desde las empresas se está impulsando, no es una intención para quitar los derechos laborales. “Es una falacia que no corresponde a la realidad”, subrayó durante la conferencia.

En un comunicado, hicieron un llamado urgente a los representantes políticos y autoridades a “resolver con responsabilidad la crisis política que nos aqueja, y atender con prontitud, la agenda de desarrollo económico y social que el país reclama”.

De manera insistente, exigieron el respeto al marco constitucional y al principio de legalidad que protegen las inversiones privadas en nuestro país y recordaron que la pequeña, la mediana y la gran empresa, en su conjunto, generan más del 80% de empleos y desarrollo productivo.

Sobre la situación en el sur del país, mostraron su indignación por los daños personales y pérdidas económicas que ha sufrido la ciudadanía arequipeña y la falta de transparencia del Ejecutivo respecto a su posición frente al Proyecto Tía María, que ha puesto en riesgo la vida de los miembros del Ejército y la Policía Nacional, y de la población en general.