Una victoria histórica

Una tarde de agosto de 2004, Crissthian Olivera y su pareja, varón como él, estaban sentados en la cafetería del ya desaparecido
supermercado Santa Isabel de San Miguel. Leían un poema que el novio de Crissthian le había escrito. No se estaban besando ni haciendo nada de connotaciones sexuales. Simplemente, sentados muy juntos, leían un poema.

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Pero, aparentemente, esa situación fue demasiado para algún cliente, quien le dijo a los empleados del lugar que se sentía “incómodo” porque su hija estaba cerca y los podía ver.

A Crissthian y su pareja los rodearon hasta tres guardias de seguridad y la encargada de la tienda, quienes les dijeron que si no cesaban sus supuestas “escenas amorosas” –y de paso, compraban algo del lugar– tendrían que irse.

Se sintieron indignados. Humillados. Para todos resultaba obvio que si hubiesen sido un hombre y una mujer –incluso si se hubiesen
estado besando, algo que ellos no hicieron–, nadie les habría dicho nada ni mucho menos les habrían amenazado con echarlos del local.

Pero ellos eran una pareja de varones homosexuales y estaban en Perú, donde la sociedad seguía –y en buena parte sigue considerando a las personas LGTBIQ+ como gente enferma que con su presencia puede “contagiar” su supuesta enfermedad a niños y niñas.

Crissthian denunció a la empresa, primero en Indecopi y luego en el Poder Judicial, por haber recibido un trato discriminatorio a causa de su orientación sexual. Una instancia tras otra, le dijeron que no tenía pruebas. No solo eso. No valoraron evidencias que demostraban la mirada discriminadora de la empresa, como cuando dijeron que el comportamiento de la pareja debía cesar por “respeto a la moral y buenas costumbres” o cuando presentaron el informe de un psiquiatra que decía que la exposición de niños a besos y caricias entre parejas homosexuales podía causarles “angustia”.

–El principio detrás de estas actitudes es que la homosexualidad es una enfermedad mental y que si un niño o niña nos ve automáticamente se va a “convertir” –dice Crissthian–. Ese fue un discurso que la empresa planteó y que fue acogido por Indecopi y por el Poder Judicial.

Crissthian, con el apoyo legal de Demus, llevó su caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Esta semana, 19 años después del incidente, la Corte IDH le hizo justicia.

La Corte señaló que el Estado peruano violó los derechos de Crissthian Olivera a la libertad personal, a las garantías judiciales, a la vida privada, entre varios otros, con sus respuestas administrativas y judiciales a su demanda.

Y estableció una serie de medidas de reparación, entre ellas elaborar un plan pedagógico sobre diversidad sexual y de género para que sea incorporado en los cursos de formación de las autoridades administrativas y judiciales y diseñar una política pública con el fin de fiscalizar que las empresas y sus colaboradores cumplan con la legislación nacional y los estándares internacionales sobre igualdad y no discriminación de las personas LGTBIQ+.

–Estoy muy contento y emocionado por la sentencia –dice Crissthian, un activista de la comunidad LGTBIQ+ de larga data–. Constantemente, se dijo que yo era un “enfermo”, un “manipulador”, un “inmoral”, un montón de cosas. […] Hubo momentos dolorosos, en un litigio como este hay situaciones en las que expones cosas muy personales, muy privadas, que impactan en tu vida emocional, leer los escritos en los que se te califica de todo. […] Pero estoy feliz. Esta sentencia puede ser una herramienta de cambio, especialmente en la mentalidad de los operadores de justicia.

Discriminación continúa

–Esta sentencia abre una nueva posibilidad de afianzar la igualdad en el país –dice Jorge Apolaya, vocero del colectivo Marcha del Orgullo–. La Corte llama al sistema de justicia peruano a no repetir los vicios que tuvo el caso de Crissthian Olivera, donde el Estado no legisló en favor de la igualdad sino, al contrario, tuvo actitudes de discriminación. Y también llama a las empresas a reconocer que los usuarios no pueden estar expuestos a actos discriminatorios.

–Uno de los puntos más importantes es que remarca que en casos como estos es necesaria la inversión de la carga de prueba –dice, por su parte, Sayda Lucas, socióloga de Demus, la institución que patrocinó la batalla legal de Crissthian. –Lo que quiere decir que la entidad denunciada es la que tiene que aportar pruebas objetivas de que no hubo un trato discriminatorio y no estar exigiéndole a la víctima que presente las pruebas de que sí ocurrió.

–La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es sumamente importante –dice, a su turno, Bruno Fernández, director ejecutivo de Más Igualdad–. Esta es la segunda sentencia que emite la corte por un caso de discriminación contra personas LGTBI en el país, la primera fue por el caso de Azul Rojas, y confirma lo que desde la sociedad civil hemos venido denunciando desde hace años, que es este contexto generalizado de discriminación hacia personas LGTBI en el Perú.

Fernández y Apolaya coinciden en que, si bien puede parecer que ha habido algunas mejoras, la discriminación en espacios públicos contra miembros de esta comunidad continúa. Por no hablar de la discriminación en espacios que deberían ser, en teoría, más seguros, como los servicios de salud y educación. Ni de la que padecen todos los días las personas trans, víctimas de violencia que, en muchos casos, proviene de los propios agentes del Estado.

–La discriminación continúa –dice Fernández–. Nosotros la hemos visto en situaciones en las que el Serenazgo la ejerce contra personas LGTBI que se estaban expresando afecto. Por eso en Más Igualdad hemos trabajado un proyecto con municipalidades de Lima, Arequipa y Loreto para prevenirla y atenderla.

–Lo que ha cambiado es que ahora es más visible, gracias a las redes sociales –dice Apolaya–. Pero sigue existiendo todos los días.

Sentencia debe comenzar a cumplirse cuanto antes

Sayda Lucas, socióloga de Demus, dice que el Estado peruano tiene el deber de comenzar a cumplir la sentencia de la Corte de San José en el más breve plazo y no proceder como ocurrió con la sentencia por el caso de Azul Rojas, una mujer trans que fue torturada en una comisaría, cuyas recomendaciones recién han comenzado a ponerse en práctica. “La Procuraduría General del Estado debe señalar ya cuáles son las entidades que darán cumplimiento a las disposiciones”, dice.

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