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Fiscalía allana FPF por investigación contra Agustín Lozano

En el ojo de la tormenta. La investigación contra Lozano y otros 11 directivos es por la presunta comisión de los delitos de extorsión, coacción, organización criminal y administración fraudulenta.

Ejecución. Decenas de policías y personal de la Fiscalía llegó ayer al promediar las ocho de la mañana a las instalaciones de la Videna para hacer su trabajo. Foto: difusión
Ejecución. Decenas de policías y personal de la Fiscalía llegó ayer al promediar las ocho de la mañana a las instalaciones de la Videna para hacer su trabajo. Foto: difusión

Por: Alejandro Céspedes García

La Fiscalía de la Nación allanó las oficinas de la FPF en la Videna (San Borja), como parte de la investigación en contra del presidente de la federación Agustín Lozano. De acuerdo con declaraciones del fiscal superior titular Jorge Chávez Cotrina a La República, esta intervención se realizó “con fines de incautación documentaria”, debido a que la federación no habría cumplido con la presentación de la documentación contable solicitada por el Ministerio Público a inicios de febrero.

“El Juzgado y la Corte Especial han dispuesto un allanamiento de la Videna a fin de que la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, que viene investigando presuntos hechos delictivos, incaute la documentación que ha sido en su momento solicitada”, contó Chávez Cotrina.

“Las autoridades de la Videna jamás hicieron caso de estos requerimientos; en consecuencia, el fiscal se vio en la obligación de solicitarle al juez de Investigación Preparatoria el allanamiento con fines de incautación de documentos, eso es lo que está ocurriendo”.

Esta intervención se da en medio de la disputa que hay por los derechos de transmisión de los partidos de la Liga 1 con el CFP y algunos clubes.

Investigación

Lozano Saavedra viene siendo investigado por la presunta comisión de los delitos de extorsión, coacción y organización criminal en perjuicio de los clubes profesionales de la Liga 1.

Según el Código Penal, dichos delitos pueden ser castigados con penas privativas de libertad de entre 10 a 15 años, 2 años, y de entre 15 a 20 años, respectivamente.

“La presunta organización criminal, en su accionar delictivo, no habría comunicado la real situación administrativa, económica y financiera de la Federación Peruana de Fútbol a los miembros que constituyen su Asamblea de Bases”, expresó la Fiscalía en un comunicado.

La investigación en su contra empezó en diciembre del año pasado y, en caso de que la acusación prospere, podría enfrentar penas que podrían superar los 20 años de prisión. No obstante, dentro de la investigación por la presunta organización criminal, están incluidos 11 miembros más de la Junta Directiva de la FPF, en los que figuran presidentes de clubes, ligas departamentales y funcionarios. Estos son:

Raúl Bao García (San Martín), Víctor Bellido Aedo (Ayacucho FC), Luis Duarte Plata (Departamental de Áncash), Juan Dupuy García (Grupo interés de futbolistas), José Carlos Islas (Juan Aurich), Gisella Mandriotti Nightingale (Cantolao), Osías Ramírez Gamarra (UTC), Arturo Ríos Ibáñez (Atlético Grau), Genaro Miñán Armanza (Departamental de Tumbes), Sabrina Martín Zamalloa (secretaria general adjunta de la FPF) y Jean Marcel Robilliard (secretario de la Junta Directiva).

 En oficinas. Imágenes de lo que fue el allanamiento. Foto: difusión

En oficinas. Imágenes de lo que fue el allanamiento. Foto: difusión

Documentos en búsqueda

La tesis del Ministerio Público apuntaría a que Lozano habría usado recursos de la FPF con la finalidad de que algunos clubes no firmen contratos con el Consorcio Fútbol Perú (CFP) para la cesión de derechos para la transmisión de partidos.

Estos pagos ascenderían hasta 250.000 soles y se habrían entregado a Carlos Stein, Deportivo Llacuabamba y Atlético Grau. Sobre esto, la Fiscalía ha solicitado ampliar la investigación contra Lozano para incluir el delito de Administración Fraudulenta, cuya pena puede alcanzar los 4 años de cárcel.

Entre los principales motivos desarrollados por la misma entidad se encuentra que la presunta organización criminal no habría comunicado la real situación administrativa y financiera de la FPF y que, a partir de ello, la federación habría repartido a algunos clubes de fútbol profesionales de primera y segunda división, además de algunos clubes departamentales, diferentes montos de dinero para que cancelen sus obligaciones y deudas.

Los documentos que no fueron entregados y por lo cual el Ministerio Público allanó las oficinas de la FPF serían los estados bancarios, transferencias bancarias al exterior y estados financieros del 2018 al 2022; además de la información existente sobre préstamos concedidos a personas naturales y jurídicas e inversiones en acciones, valores y participaciones de empresas realizadas por la FPF durante su gestión.

Derechos de transmisión

El 21 de febrero, el Séptimo Juzgado Comercial emitió una medida cautelar que reconocía la titularidad de la FPF en los derechos de la transmisión de los partidos. Esta decisión, que se dio como parte del proceso judicial iniciado en 2018, ordenó la suspensión de los contratos que implicaran la transmisión de los partidos de fútbol disputados “en territorio peruano, ya sean amistosos u oficiales”.

Dicha decisión refiere que GolPerú (CFP) no puede transmitir partidos de los clubes que renovaron con el canal hasta que el Poder Judicial diga lo contrario.

Cabe señalar que la FPF emitió un comunicado asegurando que “en respeto y colaboración con las autoridades afirmando el principio de transparencia que promueve nuestra gestión, la FPF se mostró abierta a presentar a toda la documentación solicitada por la Fiscalía” y que la “FPF es una persona jurídica de derecho privado, que goza de plena autonomía”.

Autorización

Esta es la resolución del juez que autoriza al fiscal a realizar el allanamiento, el día de ayer en horas de la mañana, en las oficinas de la Videna.

larepublica.pe
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