No, la Contraloría no confirmó un ‘fraude’ electoral ni denunció penalmente a Piero Corvetto

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, una publicación difundida en Facebook volvió a alimentar la narrativa del supuesto 'fraude' electoral. El mensaje, compartido miles de veces, sostiene que la Contraloría "confirma fraude electoral y denuncia penalmente a [Piero] Corvetto y 10 funcionarios de la ONPE".

Para respaldar esta afirmación, los usuarios hacen referencia a un informe emitido por la Contraloría General de la República el 22 de mayo del 2026. PerúCheck revisó el documento y no halló la confirmación de un 'fraude' en las Elecciones Generales 2026.

¿Qué dice realmente el informe de la Contraloría?

La publicación viral se sustenta en el informe de la Contraloría General de la República 'Proceso de contratación del servicio de transporte y distribución del material y equipos informáticos electorales en Lima Metropolitana y Callao en el marco de las Elecciones Generales 2026', que recomendó iniciar acciones legales contra exfuncionarios de la ONPE, entre ellos el exjefe del organismo, Piero Corvetto.

Sin embargo, el documento no concluye que haya existido 'fraude' electoral ni sostiene que los resultados hayan sido manipulados. Por el contrario, el informe se concentra en presuntas responsabilidades derivadas de contrataciones, decisiones administrativas y problemas logísticos ocurridos durante la organización de las elecciones generales del 2026.

Uno de los principales hallazgos de la Contraloría está relacionado con la contratación del servicio de transporte para el traslado de material y equipos electorales.

Según el informe, funcionarios de la ONPE elaboraron términos de referencia sin determinar adecuadamente la cantidad de vehículos necesarios para el servicio. Además, menciona que durante el proceso de selección se habría aplicado un criterio que no estaba contemplado originalmente y que se habrían consignado datos inexactos al momento de evaluar la oferta técnica del postor ganador.

De acuerdo con la Contraloría, estas acciones habrían favorecido a una empresa que obtuvo la adjudicación por más de S/6 millones, pese a que existía una propuesta económica menor.

El documento sostiene que esta situación "ocasionó la afectación al correcto funcionamiento de la administración pública durante el proceso electoral, al favorecer al postor adjudicado". En ninguna parte de este hallazgo se menciona manipulación de votos, alteración de actas o modificación de resultados electorales que pudieran haber supuesto un 'fraude' electoral.

¿Qué ocurre con los retrasos que afectaron la instalación de mesas?

La Contraloría también cuestiona decisiones adoptadas por funcionarios de la ONPE respecto del traslado de equipos informáticos utilizados para capacitaciones. Según el informe, los equipos no fueron devueltos dentro de los plazos establecidos, lo que obligó a reprogramar rutas de distribución a menos de 24 horas del inicio de la jornada electoral.

Como consecuencia, se produjo la distribución tardía de material y equipos informáticos a 3.605 mesas de sufragio y la no instalación de 187 mesas el día de las elecciones en Lima Metropolitana, lo que, según la Contraloría, afectó el derecho al sufragio de 55.261 electores.

Este hallazgo describe problemas operativos y logísticos. No afirma que los votos hayan sido alterados ni que se haya producido un 'fraude' electoral.

También se cuestionan pagos adicionales al contratista

Un tercer hallazgo está relacionado con prestaciones adicionales aprobadas durante la ejecución del contrato de transporte. La Contraloría sostiene que funcionarios de la ONPE tramitaron y aprobaron pagos adicionales sin contar con sustento técnico suficiente y pese a que algunos servicios ya habían sido ejecutados.

Según el documento, esto habría afectado la legalidad de la contratación pública y beneficiado al contratista. Al igual que en los hallazgos anteriores, la observación está vinculada a la gestión administrativa del proceso electoral y no a una supuesta manipulación de resultados.

A Corvetto no se le acusa de fraude electoral

La Contraloría no acusa a Piero Corvetto de 'fraude' electoral, como señala la publicación desinformadora que circula en redes sociales. Lo que hace es identificar presuntas responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de las irregularidades detectadas durante la organización del proceso electoral.

En el caso del exjefe de la ONPE, el informe lo incluye dentro de los funcionarios que habrían tenido participación en decisiones relacionadas con la gestión logística y la distribución del material electoral. Es decir, la denuncia está vinculada a presuntas faltas en la administración y ejecución de las contrataciones y operaciones electorales.

Este medio conversó con la abogada especialista en contrataciones con el Estado, Magaly Olivares Osorio, sobre la responsabilidad de Piero Corvetto, quien respondió que el delito por el cual se le acusa no está vinculado a un 'fraude' electoral.

“Cuando un proveedor o un funcionario comete actos ilícitos para ganar una licitación o inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), se configuran principalmente los delitos contra la fe pública contemplados en el Código Penal peruano. Este caso no tiene absolutamente nada que ver con un tema de fraude electoral ni con ningún tipo de delito político-electoral”, dijo. 

Además, la especialista explicó las razones legales y estructurales que descartan por completo cualquier relación electoral.

“El documento es el reglamento de la Ley N° 32069, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y su única finalidad es asegurar cómo el Estado compra de forma transparente bienes, servicios y ejecuta obras utilizando los impuestos de los ciudadanos, mientras que el fraude electoral y los delitos electorales se encuentran tipificados para proteger el derecho al voto, la pureza del escrutinio, la legitimidad de las elecciones de gobernantes y el sistema democrático”

PerúCheck también consultó con el abogado especialista en derecho penal Aarón Alemán, quien descartó que este informe confirme un 'fraude'.

“En el informe de la Contraloría se hace una recomendación de efectuarse una denuncia penal contra los 10 funcionarios de la ONPE, entre ellos Piero Corvetto, por las presuntas irregularidades advertidas, de tal forma que se parte de la premisa de que los eventuales delitos efectuados son de índole de delitos contra la administración pública y no de delitos contra la voluntad popular, descartándose así la existencia de un delito vinculado contra el derecho al sufragio”, dijo.

Por otro lado, el abogado especialista en temas electorales José Tello conversó con PerúCheck y afirmó que lo mencionado por la Contraloría no alega un fraude electoral.

“Una demora en la entrega de material electoral no constituye un fraude. El fraude es una actitud constante, permanente y orquestada a todo nivel de gobierno. Es una actividad sistemática. Y aquí viene ese tema: cuando decimos todo nivel de gobierno, es decir, esto tendría que venir del Ejército, de Balcázar, de los distintos ministerios. Y eso no se ha dado en esta ocasión”, indicó.

Conclusión

La Contraloría no confirmó un 'fraude' electoral mediante un informe ni tampoco denunció penalmente al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. Los hallazgos de la Contraloría se refieren a presuntas irregularidades en contrataciones públicas, deficiencias logísticas y decisiones administrativas que afectaron la organización de los comicios. Por ello, PerúCheck califica la afirmación de la publicación viral como falsa.

Nota elaborada por Valeria Coca de PerúCheck.