Ley firmada por gobernador Abbott en Texas entra en vigor el 1 de julio: por qué los inmigrantes serán los más perjudicados

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha firmado una polémica ley que impactará directamente a la comunidad inmigrante en el estado. Con su entrada en vigor el 1 de julio, esta legislación establece nuevas obligaciones para los sheriffs, incrementando la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Esta medida surge en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias, generando preocupación sobre los derechos de los inmigrantes y la confianza con las fuerzas del orden locales. Es crucial entender cómo esta ley transformará la relación entre las agencias policiales y las comunidades.

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¿Por qué esta nueva ley perjudica a inmigrantes en Texas?

La nueva ley firmada por el gobernador Abbott, la SB 8, perjudica directamente a los inmigrantes en Texas al obligar a los sheriffs de condados con cárceles a firmar convenios de cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estos acuerdos, en particular bajo la sección 287(g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), facultan a los agentes locales para hacer cumplir la ley federal de inmigración, intensificando las detenciones y procesos de deportación para indocumentados.

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Los desafíos de la ley SB 8: Financiación y derechos comunitarios

La implementación de la SB 8 presenta importantes desafíos, especialmente en lo que respecta a su financiación y al impacto sobre los derechos de las comunidades. Si bien la ley contempla un programa de subvenciones para cubrir los costos de implementación de los convenios con ICE, organizaciones como la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) en Texas han advertido sobre su insuficiencia.

Según la ACLU, el proyecto de ley "no garantiza que todos los condados reciban los fondos ni que cubran sus costos". Esto significa que muchos condados podrían verse obligados a asumir una carga financiera significativa a costa de los contribuyentes locales.

Además, Sarah Cruz, estratega de políticas y defensa de los derechos fronterizos y de los inmigrantes para la ACLU, ha señalado que la ley "no aumentará la seguridad de las comunidades, pero obligará a los alguaciles a realizar el trabajo del ICE", lo que podría "conducir a la discriminación racial y relegará a las víctimas y testigos de delitos a la sombra".

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