Rechazan autógrafa de ley que afecta la educación bilingüe en comunidades nativas del Perú

La Asociacióm interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la Confederación Nacional Agraria (CNA) expresaron su rechazo a la Autógrafa de Ley n.° 6445/2023-CR que propone el nombramiento excepcional de docentes que no están inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias del Perú (RNDBLO) para cubrir plazas en Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en las regiones.

Argumentan que esta medida atenta contra el derecho fundamental a la educación en su propia lengua y cultura que tienen los estudiantes nativos.

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Piden observar ley

Por ese motivo solicitan al Poder Ejecutivo observar esta propuesta legislativa por atentar contra la Educación Intercultural Bilingüe. Asimismo, advierten que si llegan aprobar esta ley, más de 10.000 miembros del pueblo indígena de nomatsigenga y ashaninka saldrán a protestar para exigir la derogación de la misma.

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Y es que con esta norma se podría contratar a profesores que no han demostrado oficialmente su dominio de una lengua originaria ni cuentan con formación especializada en educación intercultural.

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Al respecto, el expresidente de la CNA y asesor del equipo técnico, Antolín Huáscar Flores, indicó a La República que esta autógrafa de ley no cumple con los requisitos establecidos en la normativa vigente, como lo estipula la Resolución Viceministerial n.° 00081-2022-Minedu.

Explica que el RNDBLO garantiza que los docentes de Educación Intercultural Bilingue no solo hablen la lengua originaria, sino también posean conocimientos pedagógicos adecuados para enseñar en contextos interculturales.

En riesgo la EIB

Por ese motivo, advirtió que al permitir el ingreso de profesores sin esta acreditación, se pone en riesgo el aprendizaje de los escolares y se debilita el enfoque de la EIB, cuyo objetivo es preservar las lenguas y culturas indígenas mientras se refuerza la educación en español.

Flores sostiene que esto impactaría negativamente en el desarrollo académico de los escolares y en la continuidad del modelo de educación intercultural en el país.

“En lugar de flexibilizar los requisitos, el Estado debería fortalecer la formación y certificación de docentes bilingües para garantizar una educación de calidad en las comunidades indígenas”, argumenta.

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Por su parte, Cline Chauca, presidente de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI SC) organización regional de Aidesep, advierte que si se aprueba esta ley, muchas comunidades podrían quedarse sin docentes capacitados para brindar una enseñanza en la lengua materna de los estudiantes.

“Exigimos que se observe esta autógrafa de ley, ya que afecta un derecho y vulnera la educación de nuestros niños en la Amazonía”.

Advierten movilización

Además, reiteró que, si este proyecto de ley llega a ser aprobado por el Ejecutivo, más de 10.000 miembros de los pueblos indígenas nomatsigenga y asháninka saldrán a protestar. Incluso mencionó que varios “hermanos” de distintas regiones, como Cusco, Ayacucho y Junín, entre otras, se sumarán a esta medida.

“Si se aprueba esta autógrafa de ley, saldremos a protestar, y la Confederación Nacional Agraria también se sumará a la medida”, anunció.

Chauca consideró que los niños de las comunidades nativas y campesinas tienen el derecho a recibir educación en sus lenguas originarias.

También recordó que el Convenio 169 de la OIT, en sus artículos 27 y 28, establece que la enseñanza debe impartirse acorde a su identidad y en el idioma materno de los menores, y se garantice su derecho a una educación con su cultura.

Hay pocos docentes disponibles

La directora de la UGEL de Condorcanqui, Silvia Samaniego, contó a La República que hay un problema en el número de profesores bilingües disponibles para cubrir las plazas en la provincia, lo que obliga a contratar profesionales de carreras afines y, en última instancia, a personas con quinto de secundaria y con algo de experiencia.

Aidesep solicita una reunión urgente con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo, para exponer las razones que fundamentan el pedido de observar la mencionada autógrafa de ley del Congreso.