Lambayeque: piden 9 años de cárcel a exfuncionarios del PSI por río La Leche

La fiscal anticorrupción de Lambayeque, Karim Ninasquispe Gil, presentó ante el Poder Judicial una acusación contra exfuncionarios del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) por el delito de colusión agravada y pidió 9 años de prisión efectiva, 10 años de inhabilitación y 487 días de multa. Ellos están acusados de corrupción en la contratación del servicio de elaboración de la ficha técnica definitiva y descolmatación y rehabilitación de diques del cauce del río la Leche en el tramo II, ejecutada entre noviembre de 2017 y abril de 2018, tras los devastadores efectos en pueblos lambayecanos por el Niño Costero de 2017. El referido servicio estaba valorizado en S/14 594.999,84 y tenía como unidad ejecutora al PSI, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Acusación

Tras concluir su investigación, la magistrada Ninaquispe acusa y pide la referida pena para María Jesús Bustos de La Cruz (exdirectora de PSI) y Pedro Carlos Aldazabal Sosa (exjefe de Supervisión del PSI). Similar condena se solicita para Danilo Jorge Vega Migone (supervisor) y Carlos Alberto Carrasco Sabogal (residente y director técnico de la empresa Edicas).

Por los mismos hechos, se pide 4 años de cárcel y 10 años de inhabilitación contra Javier Francisco Chiong Ampudia (integrante del comité de recepción del PSI). A esta persona también se le pide pagar 410 multas. En la extensa acusación de casi 100 páginas, la fiscal detalla que los entonces funcionarios del PSI realizaron el pago de la valorización n.° 1 a la empresa Edicas S.A.C. Contratistas Generales, a pesar que los responsables de la supervisión observaron y no otorgaron conformidad de dicha valorización, que era requisito contractual para el desembolso correspondiente.

• Gobierno declara días no laborables compensables por la visita del papa León XIV a Perú
• Chantal Toledo, hija de Alejandro Toledo, regresó al Perú después de 15 años y visitó por primera vez a su padre en prisión

Estas irregularidades ocasionaron un perjuicio económico de S/5 896.905,46, según estimaciones previas de la Contraloría. Para sostener sus argumentos, la Fiscalía recabó y presentó los Informes de Control Concurrentes n.° 109-2018, n.° 293-2018, n.° 706-2018, n.°896- 2018 y n.° 1259-2018; así como el Informe de Hito de Control n.° 787-2019, recopilados en la carpeta fi scal n.° 92-2018. Además del pago irregular de la valorización, se detectó que se canceló por trabajos de prevención de desastres que no cumplieron con las especificaciones técnicas y planos descritos en la ficha técnica definitiva. Esta situación produjo elevada exposición de los pobladores ante posibles inundaciones suscitadas por desbordes, lo cual se evidenció con las fuertes precipitaciones ocurridas por el ciclón Yaku, entre marzo y abril de 2023.

Otro punto atribuido a los investigados es que no cautelaron que el contratista culmine la ejecución de los servicios dentro de los plazos previstos en el contrato, dejando a la población de la zona a daños e inundaciones que fueron vistas por todo en el Perú a inicio de este 2023. Sobre lo descrito, de acuerdo a la Fiscalía, Bustos de La Cruz y los mencionados tuvieron relevancia en el pago de la valorización n.° 1.

Pericia contable

Entre los elementos de convicción presentados por la Fiscalía está la pericia contable, emitida por el especialista Ricardo Malca Munaico. El estudio contable el mencionado concluye que las irregularidades causaron un perjuicio económico de S/ 7 950.633,86 con las siguientes precisiones: Inaplicación de penalidades por no cumplir con tener el 100% de maquinarias y equipos en la zona de trabajo, por S/ 586.800; así como falta de penalidades por retraso en la ejecución del referido servicio en el tramo II del río La Leche, por S/1 459.499,98. También figuran pagos en exceso la ejecución del mencionado servicio, por la suma de S/5 904.333,88. Con la referida pericia, son 90 las pruebas presentadas por la Fiscalía Anticorrupción, las cuales deben ser evaluadas en el control de acusación y, posteriormente, se decidirá si la acusación está saneada y pasa o no a juicio oral.