El coronavirus ha impactado negativamente en las posibilidades económicas de las niñas, jóvenes, mujeres y personas menstruantes que viven en situación de pobreza y pobreza extrema para acceder a insumos de salud menstrual e higiene íntima; tales como el jabón y las toallas higiénicas.
Debido a la crisis sanitaria, esta población ahora tiene que afrontar mayores trabas para costear estos insumos de primera necesidad.
Por tal motivo, en marzo de este año, el Ejecutivo publicó la Ley 31148, que promueve y garantiza el manejo de la higiene de niñas, adolescentes y mujeres vulnerables.
Sin embargo, hasta la fecha esta norma no ha sido reglamentada. La historia de este proceso inició en enero de este año, cuando la Comisión de Salud del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley de solicitud y acceso gratuito a productos para la salud menstrual.
La iniciativa impulsada por la parlamentaria Arlette Contreras permitía al Estado priorizar este tipo de atención. Además, promueve la educación en gestión menstrual, un tema que al día de hoy continúa siendo tabú.
Tras la demora en la implementación de los parámetros para la ejecución de esta norma, la congresista no agrupada hizo un llamado al Ejecutivo para que se realicen los alcances correspondientes.
“El Ejecutivo ha demostrado su poco interés en temas relacionados con las mujeres y niñas de nuestro país en medio de esta pandemia y creo que un claro ejemplo es la falta de implementación con respecto a esta ley que no se ejecuta. Han pasado más de tres meses, y no hemos visto ni los más mínimos esfuerzos por finalmente llevarla a cabo”, señala Contreras a La República.
En promedio, las mujeres y personas menstruantes atraviesan su ciclo durante 2.400 días a lo largo de su vida, lo que significa que deben usar productos para su salud menstrual por una cantidad equivalente a siete años seguidos.
“El hecho de menstruar ya marca una diferenciación enemiga en el tema de costos. Cada vez hemos avanzado, por ejemplo, en disponer de papel higiénico en los baños; pero el tema de las toallas higiénicas es un asunto individual y cuyos costos solo se remiten a las mujeres”, explica Susana Chávez, directora de Promsex.
En el contexto en el que nos encontramos, la población que se vería beneficiada con la aún no reglamentada norma se quitaría de encima el costo extra por la salud menstrual. Recordemos que, de acuerdo al informe Brechas de Género 2019 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), las peruanas mayores de edad son también quienes representan menor porcentaje de personas económicamente activas.
Ellas solo configuran como el 37,8% de la población asalariada. Salarios que, aunque presentes, se encuentran en desventaja frente a los que reciben los hombres. Además, en zonas rurales la situación se agrava, ya que el 41,2% de mujeres ni siquiera cuenta con ingresos propios.
La Ley 311148 indica que en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu) establecerá las directrices para abordar los temas de la gestión y la salud menstrual; no obstante, la demora en su reglamentación y el cierre temporal de las escuelas a causa de la COVID-19 afectan directamente a las niñas y adolescentes, quienes están siendo privadas de recibir información sobre el periodo menstrual porque los colegios y centros de salud no priorizan ahora este tema.
Asimismo, las mujeres y personas menstruantes tienen menos probabilidades de tener fuentes de información alternativas, debido a su menor acceso a internet y a la alfabetización.
“El retorno escolar se tiene que plantear como una urgencia, porque la escuela no es tan solo un espacio de educación, sino también de protección integral para las niñas y adolescentes”, sostiene Chávez.
La especialista resaltó que salud menstrual todavía no ocupa el lugar que amerita en la agenda pública; sin embargo, cada vez son más los países que adoptan medidas para su garantía.
De acuerdo al estudio del Instituto Peruano de Obstetricia, una mujer gasta en un paquete de toallas higiénicas un promedio de S/ 5,28, monto que representa un gasto total de S/ 63 anuales y S/ 2.091 a lo largo de un promedio de 33 años de vida menstrual, sin incluir la adquisición de compresas nocturnas especiales, pastillas para el dolor menstrual, productos extra de limpieza, entre otros.
La entidad afirmó que este monto puede representar, o no, cifras significativas e impactos diferentes en sus vidas, de acuerdo al sector socioeconómico al que pertenezcan. Este gasto puede afectar directamente a familias de recursos más bajos en cuyos hogares haya una mayor cantidad de mujeres en edad reproductiva: madres sin ingresos propios e hijas menores.
Este medio se comunicó con el Ministerio de Salud para conocer en qué parte del proceso de reglamentación se encuentran; no obstante, no se tuvo respuesta.