Son quince familias de la región Lambayeque las que denunciaron que los restos de sus seres queridos, víctimas de COVID-19, no fueron enterrados en el sector La Cantera (distrito de Mesones Muro), tal como les aseguró la Municipalidad Provincial de Ferreñafe.
La desesperación y la incertidumbre se apoderó de los deudos que descubrieron este hecho en el proceso de exhumación dispuesto por la Gerencia Regional de Salud (Geresa) al cumplirse un año de la inhumación de los cuerpos en este cementerio temporal que habilitó el Comando COVID Sipán y la municipalidad del sector en 2020, a consecuencia de la pandemia.
Una de las denunciantes, cuya identidad se mantiene en reserva, afirmó que un grupo de deudos se organizó a fin de retirar los cuerpos de sus familiares para sepultarlos de manera definitiva en un camposanto de la localidad. Sin embargo, contó que cuando la máquina retroexcavadora removió las cruces y lápidas, se descubrió que no estaban los cadáveres.
“Es indignante lo que sucede. No es posible que se burlen de los sentimientos de las personas. Por un año vine con mi madre a rezar y a colocar flores a mi padre, pero no están sus restos. El Comando COVID fue el responsable del traslado y entierro de los cuerpos”, expresó entre sollozos.
Otro de los deudos señaló que ninguna autoridad les presta apoyo y no les brindan información. “Son insensibles con el dolor de las personas. Se espera que en otro punto de este sector encontremos los cuerpos de nuestros familiares”, remarcó.
A su turno, el consejero regional Manuel Huacchío exigió la intervención del Ministerio Público a fin que se investigue este caso.
Además, planteará en la sesión regional la conformación de una comisión especial, y también que se cite al jefe del Comando COVID, Walter Bracamonte; a la alcaldesa de Ferreñafe, Violeta Muro y al gerente regional de Salud, Alipio Rivas.
“Los afectados son de diferentes distritos de la región. No se descarta que un similar problema suceda en otro lugar de Lambayeque”, comentó a La República.
En junio de 2020, a raíz de la intervención de la Defensoría del Pueblo, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental dispuso la clausura de 13 cementerios temporales por no cumplir con la norma sanitara y la Ley de Cementerios y Servicios Funerarios.